La formalización de la extorsión

La extorsión en nuestro país se ha formalizado. Se ha puesto un disfraz, con el que ha logrado pasar desapercibida. Se manifiesta a diario. Amenaza a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ocasiona daños inconmensurables a la economía, la formalidad y la seguridad jurídica.

 

Cada día, miles de inspectores municipales salen a las calles a fiscalizar locales comerciales. No hay inspección en la que no se encuentre alguna observación, alguna imperfección, algún error, alguna excusa para sancionar al infractor con todo el poder del Estado.

 

No está mal que los gobiernos locales fiscalicen. Lo que está mal es que todo el sistema legal que debe permitir a las empresas defenderse frente a errores, abusos de autoridad y excesos de poder; haya devenido en inservible frente a las medidas de clausura dictadas para forzar el pago de multas, a cambio de reabrir prontamente locales cerrados indebidamente.

 

“La pared está sucia, la luz no enciende, el caño está malogrado…”; son infracciones que hoy sirven para justificar la clausura de establecimientos, bajo el supuesto incumplimiento de normas de seguridad y sanidad municipales.

 

Infracciones irrisorias o inexistentes, facultan a funcionarios uniformados a ordenar la evacuación de clientes, el cierre de tiendas y el pegado de carteles de clausura en sus puertas; para luego enorgullecerse ante cámaras de televisión y posar para fotos que comparten en sus redes sociales; acusando a empresas formales de incumplir ordenanzas muchas veces contrarias a la ley, sin reparar en el daño reputacional que ocasionan a las marcas. 

 

Las medidas de clausura, que debieran ser excepcionales y aplicables únicamente cuando está en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas; se han convertido en una forma de extorsión que busca privar a empresas y emprendedores del derecho a defenderse frente al abuso.

 

¿Quieres reabrir un local injustamente cerrado? No apeles. No te defiendas. Acepta la infracción aunque no exista. Paga la multa por más abusiva que sea. Obedece sin cuestionar. Porque apelar o denunciar a los funcionarios responsables, solo alarga los procesos de reapertura y acrecienta los daños económicos de las empresas.

 

Al igual que la inseguridad ciudadana, la extorsión municipal es hoy un riesgo natural de los negocios. Si un delincuente te amenaza con un arma y te pide dinero, es mejor dárselo. De lo contrario, el daño puede ser mayor. Lo mismo ocurre ante una clausura ilegal.

 

El poder que tiene una municipalidad para hacer daño es tan grande, y el costo para defenderse con el local cerrado tan alto; que es mejor resignarse y ceder ante el abuso. Es lamentable. Es nuestra realidad.