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24/10/2019

Urge reactivar la economía

 

Recuperar el dinamismo del crecimiento económico, único camino para reducir la pobreza y generar oportunidades para los ciudadanos, debe ser la prioridad del Gobierno. Urge que el Ejecutivo dé señales claras de seguridad jurídica y buen rumbo de la política económica, con el fin de recuperar la confianza empresarial e impulsar la inversión privada. Estas señales deben traducirse en acciones concretas, sobre las que hasta ahora no existe claridad, y que tienen al empresariado sumido en una incógnita, parálisis y con sospechas de un giro del timón del rumbo económico.

 

Desde la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y proponemos con carácter de urgencia tres acciones que permitan retomar la senda de crecimiento poniendo al ciudadano por delante.

 

La primera, impulsar la inversión. Para ello, se requiere un liderazgo que permita, por un lado, sacar del letargo a un Estado que está enredado en burocracia y pasividad, y que no ha cumplido las metas de ejecución de la inversión pública y, por otro, reactivar la inversión privada, para lo cual es fundamental el destrabe de proyectos, generar quick wins y darle prioridad a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

 

La segunda, la aprobación mediante Decreto de Urgencia de la extensión de la Ley 27360, que aprueba las normas de promoción del sector agrario, y sobre la cual existe ya un texto consensuado. Esta norma ha permitido un círculo virtuoso de desarrollo en las zonas rurales del país y convertido al sector agroexportador en un catalizador de inversión, generación de empleo, reducción de la pobreza, empoderamiento de la mujer y formalización. Esta ley vence en 2021, pero dada la naturaleza del sector y el tiempo de maduración de los cultivos, la falta de seguridad jurídica sobre las condiciones laborales y tributarias para nuevas inversiones viene generando terribles efectos y paralización de este círculo virtuoso de desarrollo del sector rural. Ya los bancos han limitado las líneas de financiamiento, lo que ocasionaría un freno de las inversiones, pérdida de empleos formales, caída de las agroexportaciones, incapacidad para ampliar la frontera agrícola, entre otros problemas.

 

La tercera, atender la problemática del sector salud que se encuentra en situación crítica y requiere acciones inmediatas con el fin de atender particularmente a las poblaciones más vulnerables con un servicio de calidad. Para ello, proponemos crear un espacio público-privado que trabaje de forma transparente y colaborativa en soluciones para atender de manera integral la problemática, y que ponga al paciente en el centro del debate. Esta discusión necesariamente deberá atender algunos frentes críticos, como el fortalecimiento del sector salud y de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, a fin de generar una real mejora en la calidad de los servicios de salud y un mayor acceso a medicamentos.

 

Desde ComexPerú nos ponemos a disposición del Gobierno para contribuir con propuestas y dialogar, con el fin de impulsar políticas públicas que defiendan principios, no intereses particulares ni políticos, y pongamos de una vez por todas al ciudadano primero.

 

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24/10/2019

Recomendaciones para reducir la corrupción

 

Señor Presidente:

En más de una ocasión he oído hablar de su deseo por acabar con la corrupción; pero no he oído hablar todavía de la forma en que lo logrará. Considerando que, de una u otra manera, todos somos parte en esta lucha; me permito hacerle llegar algunas recomendaciones sobre la base de mi experiencia como víctima y testigo de diversos actos de extorsión.

 

Debemos empezar por sincerar nuestro objetivo, porque es utópico. Acabar con la corrupción es como poner fin a la delincuencia o la deshonestidad. Podemos reducir el crimen y castigarlo cuando lo detectamos, pero debemos aceptar que convivimos con delincuentes, como en todas partes del mundo, y que acabar con el delito es un imposible que no se condice con la naturaleza ni la historia.

 

Aceptar esta realidad no significa en lo absoluto resignarse a ella. Por el contrario, nos permite ser conscientes de la dimensión de nuestro problema para resolverlo adecuadamente. Desde esta perspectiva, sabremos que no acabaremos con la corrupción, pero que podremos reducirla significativamente si logramos entender las dos situaciones en las que se genera. Primero, aquellas en que las personas o empresas ceden a actos de corrupción para acceder a lo que tienen derecho y que por ley les corresponde. Segundo, aquellas en que la corrupción sirve como un medio para acceder a lo que no se tiene derecho o que por ley está prohibido.

 

Esta última forma de corrupción es la más difícil de combatir porque se gesta en una premeditada clandestinidad, donde las personas confabulan dolosamente para defraudar al Estado, buscando obtener algo que no les corresponde. Esta corrupción se mantiene oculta entre malhechores que son parte de la sociedad, como los rateros, estafadores y violadores; a los que sólo podemos castigar cuando los encontramos delinquiendo, pero que nos atormentan siempre.

 

La primera forma de corrupción, en cambio, puede combatirse más fácilmente si logramos entender que su principal foco de desarrollo radica en la burocracia gubernamental y en el abuso de autoridad. Cada trámite burocrático que realiza una persona ante una entidad del Estado es un ambiente propicio para la corrupción. Cada acto abusivo de poder es un mecanismo de extorsión para los funcionarios corruptos. Si coincidimos en esto nos será más fácil comprender las siguientes recomendaciones:

 

1.- Debemos fortalecer el equipo de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi, con la finalidad de reducir al mínimo sus tiempos de respuesta. Si una empresa enfrenta una exigencia ilegal y decide denunciarla, podría demorar hasta dos años en obtener una resolución firme. En todo ese tiempo la empresa podría encontrarse expuesta a múltiples riesgos de corrupción a cambio de evitar la burocracia estatal. Si el Indecopi pudiera coadyuvar a que las empresas sorteen en cuestión de días las barreras burocráticas ilegales e irracionales que enfrentan, esta forma de corrupción desaparecería.

 

2.- Debemos fortalecer a los equipos de fiscales de prevención del delito y asignarles funciones específicas, de manera que puedan acudir de manera inmediata y dar una opinión previa cuando se presenta un acto de abuso de autoridad. Si un inspector municipal clausura un local comercial ilegalmente y no existe un fiscal que presencie el hecho y deje constancia de su postura frente al abuso; las empresas se verán expuestas a todo tipo de requerimientos ilícitos para levantar la medida de clausura, mientras sufren cuantiosos daños económicos.

 

En la actualidad, Indecopi cuenta con menos de treinta personas dedicadas a eliminar barreras burocráticas; y pensar en sacar a un fiscal de prevención del delito de su despacho no es más que un sueño. Con estas dos recomendaciones de fortalecimiento institucional, las personas tendrían a quien recurrir cuando se vean expuestas a riesgos de corrupción para evitar que ésta se produzca. No acabaremos con la corrupción, pero la reduciremos enormemente.

 

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24/10/2019

Municipalidades: ¿Cuándo mostrarán notorios resultados?

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su Agenda de Desarrollo 2030, entre los cuales se encuentran los siguientes: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, y Educación de calidad. En el Perú, cuando hablamos respecto a cómo vamos en relación con los ODS, nos vienen a la mente políticas que se quedan a medias: (i) reducción de la pobreza monetaria, mas no de la pobreza multidimensional, que toma en cuenta la calidad de vida; (ii) mejora de la calidad en la provisión del servicio de salud, a pesar de que aún existe un desabastecimiento crónico en los establecimientos públicos en cuanto a medicamentos (ver Semanario 1000 de ComexPerú); y (iii) mayor inversión en educación, mas no en la calidad educativa. 

 

Dicho esto, es necesario recordar que la gestión de políticas públicas en nuestro país está descentralizada y que las municipalidades, tanto provinciales como distritales, además de los Gobiernos regionales, juegan un rol fundamental en este proceso, ya que son, a fin de cuentas, las entidades más cercanas a la población. Por ello, la nueva ministra de Economía y Finanzas afirmó recientemente que el presupuesto del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal se incrementará de S/ 600 millones a S/ 800 millones en 2020, al ser un instrumento de “gran apoyo" para las comunas. Entonces, para que exista eficiencia del gasto, por ejemplo, es imprescindible que el Estado identifique y comprenda cuáles son las principales necesidades de las municipalidades en cuanto a capacitación y asistencia técnica.

 

UNA MIRADA A LAS CIFRAS

Tan solo basta mirar algunas cifras de ejecución y periodicidad del gasto público para evidenciar la actual “brecha de gestión” que aqueja a estas instituciones. Por ejemplo, a tan solo tres meses de culminar el año, los Gobiernos locales solo ejecutaron un 41.6% del presupuesto institucional modificado (PIM) en lo que respecta a proyectos de inversión pública (PIP). Asimismo, entre las carteras en las que menos se ha gastado se encuentran turismo (31.1%), orden público y seguridad (35.2%), industria (35.8%), saneamiento (36.8%) y salud (37.7%), sectores fundamentales para fortalecer la competitividad del país y erradicar la pobreza multidimensional. Por otra parte, las municipalidades que menos avance han tenido pertenecen a los departamentos de Madre de Dios (29%), Tumbes (31.5%) y Áncash (32.3%). En cuanto al primero, si observamos el avance de ejecución de los recursos por canon y regalías, en lo que va del año, ha ejecutado aproximadamente S/ 6.4 millones, lo que se traduce en un avance del 31.5%. Lo sorprendente es que, dentro de este rubro, el que ha tenido una mayor ejecución es cultura y deporte, con un 84.2%, mientras que ¡saneamiento y salud solo tuvieron un 37.3% y un 18.1%, respectivamente!

 

Por otro lado, tenemos el caso de Cajamarca, departamento más pobre en nuestro país, y en lo que respecta al avance de sus Gobiernos locales tan solo se ha ejecutado un 39.9%. Entre las carteras en las que menos se ha gastado están saneamiento (32.7%), salud (40.7%) y educación (55.9%). Entonces, ¿cómo esperamos combatir la pobreza, mejorar la calidad de la salud o la educación si no están llegando eficientemente los recursos a los departamentos que más lo necesitan? ¿Existe un sector público a nivel local técnico y fortalecido?

 

Durante años se ha evidenciado que la evaluación ex post de los proyectos ejecutados es deficiente, y esto resulta clave si se desea avanzar en eficiencia del gasto y priorización de necesidades para elaborar políticas públicas. Y si a esto sumamos una ineficiente gestión de las municipalidades provinciales o distritales en los departamentos que más lo necesitan, es claro por qué no se cierran las brechas existentes en cuanto a pobreza, salud y educación. Ante esto, las municipalidades deberían recibir asesoramiento sobre presupuesto por resultados, que vaya de la mano con el incremento presupuestal del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Se requieren acciones concretas en cuanto a asistencia técnica y capacitación. ¡Pero ya!

 

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24/10/2019

Motociclistas: ¿chaleco y placa?

 

Según datos de un último boletín del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el periodo marzo-agosto de 2019, un 26.3% de la población de 15 a más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo y el 85.3% percibió inseguridad. Asimismo, el 86% de los hombres creyeron que serían víctimas y, en el caso de las mujeres, el 84.6%. Además, en lo que respecta a la percepción de vigilancia, un 25.4% de la población manifestó que esta se dio por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde vive, un 34% contó con vigilancia de serenazgo y un 11.3%, con patrullaje integrado.

 

Las cifras anteriormente expuestas se mantienen desde hace un buen tiempo y, si bien el Estado ejecuta diversas acciones para combatir la inseguridad ciudadana, aún existen algunas propuestas legislativas carentes de un correcto análisis costo-beneficio, que afortunadamente no fueron debatidas en el pleno del Congreso, ya que de haberse aprobado habrían generado más costos en perjuicio de la ciudadanía. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que planteaba restringir la circulación de dos personas o más en una motocicleta, so pretexto de luchar contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos en motocicletas lineales.

 

Si bien iniciativas como la señalada perdieron fuerza ante la disolución del Congreso de la República, a inicios de octubre, se aprobó el Decreto Supremo 022-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1216, mediante el cual se estableció que los conductores y pasajeros de motocicletas usen cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo menor en el que viajan, con el objetivo de fortalecer la operatividad de la PNP para fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos. Si bien el reciente decreto supremo encarga al Ministerio de Transporte y Comunicaciones establecer las especificaciones técnicas para cumplir con lo anterior, así como las restricciones o limitaciones, ¿realmente esta medida aportará en algo para combatir la delincuencia en nuestro país? Y, en el peor de los casos, ¿no llevaría a un aumento de la falsificación de placas para cometer hechos delictivos?

 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2018, un 2.5% de los habitantes de Lima Metropolitana acude a su centro de trabajo o estudio en motocicleta propia, mientras que el 68.6% lo hace en transporte público. Así, la referida norma pretende modificar, de un momento a otro, la forma habitual de transporte de una minoría ciudadana.

 

Asimismo, si analizamos la aplicación de este tipo de medidas en otros países, por ejemplo en Colombia, donde se implementó una norma similar entre 1999 y 2005 para combatir la inseguridad ciudadana, vemos que no tuvo el efecto esperado. Según Eduardo Soto, periodista del diario El Tiempo de Bogotá, el crimen y la inseguridad ciudadana persistieron en las principales ciudades del país. Además, esta medida generó corrupción en diversos municipios, debido a los intereses respecto de quiénes fabricaban los chalecos con los números de placa.

 

Por otro lado, en el supuesto negado de que una medida como la planteada impacte positivamente en la reducción de hechos delincuenciales que usen motocicletas, muy probablemente los delincuentes buscarían alternativas para seguir cometiendo delitos. No sería novedad que haya quienes opten por el uso de placas clonadas o usen un número de placa que no coincida ni con el chaleco ni con el casco, lo que acentuaría aún más el problema, según Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura [1].

 

Una vez más, la importancia de realizar un análisis de impacto regulatorio queda en evidencia. Está claro que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos y urgen medidas para prevenir y contrarrestar todo tipo de acto delictivo. Por ello, la clave para formular regulaciones eficientes es que estén basadas en evidencia. Sumado a esto, una mejor educación en los barrios más vulnerables a la delincuencia, una mayor capacitación de la PNP, junto con la implementación de tecnología avanzada para un constante monitoreo diario en las calles, ayudaría a combatir la inseguridad ciudadana.

 

 


[1] Fundación que apoya a los motociclistas en Colombia.

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24/10/2019

Un largo camino en la competencia global

 

La competitividad y la productividad son términos comúnmente relacionados cuando nos referimos a las capacidades que tiene un país para desempeñarse en materia económica y generar riqueza a través de diferentes sectores productivos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la competitividad económica se puede definir como el conjunto de instituciones, políticas y factores internos de un país que determinan su nivel de productividad. Además, a esta definición podemos agregar que son justamente estos factores los que también influyen en el nivel de ingresos y bienestar a los que puede aspirar la población, ya que, en gran parte, la calidad de los servicios públicos, el entorno económico local y la legislación van de la mano con la productividad y la competitividad del país en su conjunto.

 

De esta manera, con el objetivo de evaluar anualmente el progreso en materia de competitividad económica y su transmisión hacia una mayor productividad y bienestar social, el WEF publicó recientemente el Reporte de Competitividad Global 2019. Esta es una herramienta que contribuye a que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil puedan trabajar en conjunto para potenciar la productividad y el bienestar en sus economías, al medir el desempeño de 114 indicadores divididos en 12 pilares.

 

Como comentamos en la edición anterior, el Perú ha retrocedido en el ranking por sexto año consecutivo, al ocupar la posición 65 de 141 países analizados, dos puestos menos que la edición de 2018. Al desagregar este resultado, salta a la luz que el Perú ha retrocedido en 8 de los 12 pilares que contempla este reporte: Instituciones, Infraestructura, Adopción de TIC, Mercado de Productos, Mercado de Trabajo, Sistema Financiero, Dinamismo Empresarial y Capacidad de Innovación.

 

En cuanto al desempeño de la región, la mayoría de las economías de América Latina ha retrocedido en esta edición. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este panorama se debe al deterioro de los precios internacionales de las principales exportaciones de la región, condición que ha repercutido en la producción nacional y en el crecimiento de estas economías. Además, la Cepal destaca que han existido dos factores internos comunes que también juegan un rol en estos resultados: la inestabilidad política que influye en el nivel de institucionalidad y la insuficiente capacidad para innovar. En este contexto, a nivel general, el Perú se ubica por debajo de Chile (puesto 33), México (58) y Colombia (57), pares de la Alianza del Pacífico, y ha sido, junto con México, uno de los pocos en la región que ha experimentado retrocesos de competitividad por más de 3 años consecutivos.

 

¿CUÁNDO ARRANCAMOS?

Más allá de un análisis detallado de los resultados para el Perú, que revela una foto del momento, debemos plantearnos medidas concretas para superar el rezago de competitividad que vemos año a año.

 

Por ejemplo, si solo pensamos en Infraestructura, Instituciones, Mercado Laboral, Dinamismo Empresarial e Innovación (algunos de los pilares con mayores rezagos a lo largo del tiempo), resultaría clave acentuar la necesidad de destrabar grandes proyectos en infraestructura de transporte aéreo y carga, así como la promoción de mecanismos de colaboración público-privada que permitan acelerar inversiones en servicios básicos (ver Semanario 1002 de ComexPerú).

 

Además, el fortalecimiento del sistema de justicia y las instituciones se vería favorecido con la implementación del expediente judicial electrónico, la implementación de la reforma de partidos políticos, entre otras medidas. En materia del mercado laboral, destaca la modernización del régimen de micro y pequeñas empresas, así como temas pendientes en regulación de modalidades formativas laborales y fortalecimiento de la educación técnica. Finalmente, para incrementar la competitividad por el lado del dinamismo empresarial y la innovación, resultaría fundamental un análisis de calidad e impacto regulatorio que priorice la estabilidad en las “reglas de juego” en la economía e incentive la simplificación administrativa y burocrática para hacer empresa en el país. Además, urge ampliar los beneficios para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo en los sectores productivos.

 

Si bien muchas de estas medidas están ya contempladas dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), su ejecución y seguimiento deben ser un tema prioritario ante las brechas que persisten a lo largo del tiempo en cuanto a productividad.

 

Los resultados expuestos en el reporte de este año no son noticia nueva. Año tras año, llega la época en la cual este, junto con otros indicadores relevantes como el Doing Busines o el Índice de Desempeño Logístico, publicados por el Banco Mundial, actualizan sus resultados y muestran cómo el Perú avanza a un menor ritmo que sus pares en la región y se mantiene lejos de los países desarrollados. Sin embargo, la foto del momento y el análisis coyuntural hacen poco por atacar las principales problemáticas en materia de infraestructura, estabilidad política, facilidad para hacer negocios e innovación.

 

Estos resultados son un llamado a la acción para los hacedores de política, quienes deben redirigir su atención a las recientemente aprobadas hojas de ruta económica, como el PNCP y el PNIC. Ambos documentos son un reflejo de una visión clara de largo plazo que trasciende a Gobiernos de turno y coyunturas nacionales e internacionales, y ponen al Perú por delante. Sin embargo, es primordial considerar la credibilidad y capacidad de ejecución por parte de las instituciones políticas como piedra angular de cualquier medida que aspire a elevar la competitividad del Perú. ¡El Perú necesita acelerar en la competencia global!

 

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24/10/2019

De vuelta a la burocrática realidad

 

Tras unos días fuera del Perú, alejado de la burocracia que nos agobia diariamente; regresé al país para enfrentar una realidad perturbadora. Todos los esfuerzos que realizamos para volvernos más competitivos, son insuficientes cuando nos encontramos frente a funcionarios públicos que tienen el poder de hacer prevalecer la ilegalidad y la irracionalidad, por encima de los derechos de las empresas y ciudadanos.

 

El 17 de febrero, la Municipalidad de Magdalena del Mar publicó una ordenanza ordenando multar y clausurar a los establecimientos comerciales que no instalen en su interior cámaras de video vigilancia con una capacidad de grabación no menor de treinta días; obligando a las empresas a incurrir en gastos de manera ilegal.

 

El 19 de febrero, el alcalde de La Molina amenazó a todos sus vecinos con prohibir la construcción de más viviendas por ocho o nueve años, mientras encuentra la manera de solucionar el problema del tránsito; reconociendo públicamente que dicha prohibición paralizaría inmediatamente inversiones por más de S/ 30 millones en proyectos pre aprobados.

 

El 25 de febrero, la Municipalidad del Callao clausuró temporalmente el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por omitir colocar en su interior unos carteles indicando que en sus instalaciones está prohibido discriminar. No le importó en lo absoluto paralizar el tránsito aéreo desde y hacia del Perú, por una supuesta infracción a una exigencia que, por si fuera poco, es ilegal e irracional.

 

El 28 de febrero, la Municipalidad de Jesús María prohibió en su distrito la circulación de moto taxis, sin importarle que en otros distritos de la capital el tránsito en dichos vehículos fuera fluido. Esta restricción, de finalidad hasta ahora incierta, se suma a la amenaza de prohibir el tránsito de dos personas en motocicletas lineales, bajo el argumento de reducir la delincuencia; a pesar de que no existe sustento técnico alguno que lo respalde.

 

Estos lamentables acontecimientos ponen en evidencia algo que ya todos sabemos. La burocracia es un monstruo vivo, que se alimenta diariamente de nosotros. Crece y se fortalece con cada barrera que nos impide actuar de manera legal, simple y rápida. No es un problema estático para el que sirva una solución única. Es una suma de abusos y errores que es necesario enfrentar uno a uno para corregirlos.

 

Las personas y empresas necesitamos que el INDECOPI y los fiscales de prevención del delito puedan actuar con mucha mayor celeridad para evitar el ejercicio abusivo del poder por parte de funcionarios públicos. Mientras el gobierno no entienda esto, y no nos proporcione las armas legales adecuadas para enfrentarnos a la burocracia, el camino para alcanzar la ansiada competitividad será cada vez más largo.

 

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