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Últimas noticias

03/11/2019

Conoce las trabas burocráticas que están afectando a los emprendedores y las empresas del país

 

1. El Colegio de Abogados de Ica impone cobros ilegales para la incorporación a esta institución y para ejercer patrocinio ante el Poder Judicial

 

El INDECOPI ha declarado barreras burocráticas ilegales la exigencia de realizar los siguientes cobros en la tramitación del procedimiento de derecho de incorporación, contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Colegio de Abogados de Ica:
 

(i) S/ 1,000.00 para la incorporación al Colegio de Abogados bajo la modalidad de “Ceremonia Grupal”.


(ii) S/ 1,500.00 para la incorporación al Colegio de Abogados bajo la modalidad de “Ceremonia Individual”.
 

Conoce más de estas barreras:  Resolución 368-2019/SEL-INDECOPI

 

 


 

 

2. La Municipalidad de Villa El Salvador impone condiciones ilegales a los servicios de transporte público en vehículos menores

 

El INDECOPI ha declarado barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, consistente en adjuntar un estudio de impacto vial, socioeconómico, y un estudio de mercado para obtener el permiso de operación para prestar el servicio de transporte en vehículos menores.

Del mismo modo, se declara también ilegal la exigencia de que al menos 80% de vehículos menores que integran la flota autorizada aprueben la Constatación de Características programadas por la Municipalidad como condición para no revocar la Licencia de Operación, entre otras.

Estas barreras son ilegales dado que la municipalidad excede sus competencias para regular la materia.


Conoce más de estas barreras:  Resolución 365-2019/SEL-INDECOPI

 

 


 

 

3. La Municipalidad de Barranco impone restricciones ilegales a la instalación de anuncios de alimentos

 

El INDECOPI ha declarado barrera burocrática ilegal la prohibición impuesta por la Municipalidad Distrital de Barranco consistente en impedir la instalación de avisos que promuevan el consumo de alimentos altos en azúcares, grasas y sal, en un perímetro de cien 100 metros alrededor de instalaciones educativas.

Dicha barrera es ilegal dado que la entidad no cuenta con facultades para regular de manera amplia, por lo que debe sujetarse a lo dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, no pudiendo crear limitaciones adicionales a las establecidas por esta última.


Conoce más de esta barrera:  Resolución 362-2019/SEL-INDECOPI

 

 

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18/10/2019

Miraflores impone trabas al uso de bicicletas y scooters

 

Hoy en día existen múltiples servicios de entrega que facilitan el acceso de los consumidores a diversos productos, representando una ventaja en la reducción del tiempo de traslado y el ahorro de recursos. Asimismo, estos servicios generan oportunidades de crecimiento a los negocios e incrementan la cantidad de empleos para los ciudadanos. Sin embargo, en el distrito de Miraflores, se impide el libre desarrollo de esta actividad, incrementando sus costos e imponiendo trabas burocráticas.

 

En Miraflores se exige a las empresas que trabajan con vehículos de micromovilidad tales como, scooters, bicicletas o motocicletas, registrarlos ante la Municipalidad como condición para brindar los servicios de alquiler y/o entrega de productos, según el artículo 7.1° de la Ordenanza N° 525/MM.

 

Entre otros aspectos, la municipalidad ha dispuesto que podrá establecer una cantidad máxima de registros, franjas horarias para la circulación y rutas obligatorias para el uso de motocicletas dedicadas al servicio de entrega de productos. Adicionalmente, la norma establece que los agentes que brinden el servicio de entrega de productos deban contar tanto con SOAT como con una póliza de responsabilidad civil, y, asimismo, responsabiliza al propietario del vehículo y al agente económico prestador del servicio de manera solidaria ante las infracciones que puedan imponerse.

 

Dichas obligaciones y condiciones resultan ilegales dado que la municipalidad excede sus competencias al regular esta actividad económica en los términos antes señalados, al no existir norma legal que la faculte expresamente a ello. Es por esta razón que identificamos este problema como la barrera de la semana.

 

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30/09/2019

Es ilegal que se imponga vigencia limitada a las autorizaciones de anuncios publicitarios

 

Indecopi ha declarado barrera burocrática ilegal la imposición que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima al otorgar un año de vigencia para las autorizaciones de instalación de anuncios, avisos y elementos publicitarios al exterior de unidades móviles, pese a no contar con un mandato legal que la faculte para ello; vulnerando así lo dispuesto en los artículos 2 y 42 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y afectando las actividades económicas de muchas empresas que utilizan estos espacios para realizar publicidad de sus productos o servicios.


Esta disposición está contenida en el artículo 22 de la Ordenanza 1094, que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima; sin embargo, ninguno de los planes de desarrollo de la Municipalidad Metropolitana de Lima regula las características físicas de los vehículos que circulan por la vía pública, por lo que el municipio no puede imponer regulaciones de las características o la ubicación de la publicidad exhibida por los vehículos, ni exigir una autorización para ello.


Si bien el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce competencias a las
municipalidades provinciales para emitir normas sobre ubicación de anuncios publicitarios,
esta deberá sujetarse a los planes de desarrollo contemplados en dicha ley.


Por estas razones es que consideramos esta imposición como la barrera de la semana.

 

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Últimas barreras

02/10/2019

Comunicado a la opinión pública: La exigencia de carnés de sanidad es ilegal

 

Algunas municipalidades vienen exigiendo la obtención y renovación periódica de carnés de
sanidad
a las personas que atienden al público en locales comerciales. Si no se cumple la exigencia se generan multas a las empresas y hasta se cierran sus locales comerciales.


Exigir carnés de sanidad es ilegal porque contraviene el artículo 13° de la Ley General de Salud, que establece que “Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines.”


La exigencia es irrazonable porque no garantiza que las personas gocen de buena salud al
momento de la atención al público; sino que se limita a descartar ciertas enfermedades, tras la
realización de exámenes médicos invasivos.


Para obtener y renovar los carnés de sanidad, toda persona debe trasladarse cada seis o doce
meses a las dependencias municipales en los distritos donde laboran, y someterse a exámenes de sangre que atentan contra su privacidad.


El gasto estimado en tiempo y dinero que debe invertir cada persona en la realización de este
trámite es de S/ 70 soles en promedio – incluyendo tasas, movilidad y horas perdidas.
Exigir carnés de sanidad es una barrera burocrática que ha sido declarada ilegal por el
INDECOPI y confirmada por el Poder Judicial en múltiples oportunidades; que genera sobrecostos innecesarios y atenta contra la competitividad del país.


Exhortamos a los órganos de control interno, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público; a tomar las acciones necesarias para garantizar que las autoridades municipales cumplan y respeten la ley y los derechos de los trabajadores peruanos.

¡Trabajemos juntos por un Perú más competitivo y menos burocrático!

Conoce aquí un ejemplo de esta exigencia: Resolución 0458-2018-CEB-INDECOPI

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Últimos artículos

24/10/2019

Urge reactivar la economía

 

Recuperar el dinamismo del crecimiento económico, único camino para reducir la pobreza y generar oportunidades para los ciudadanos, debe ser la prioridad del Gobierno. Urge que el Ejecutivo dé señales claras de seguridad jurídica y buen rumbo de la política económica, con el fin de recuperar la confianza empresarial e impulsar la inversión privada. Estas señales deben traducirse en acciones concretas, sobre las que hasta ahora no existe claridad, y que tienen al empresariado sumido en una incógnita, parálisis y con sospechas de un giro del timón del rumbo económico.

 

Desde la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y proponemos con carácter de urgencia tres acciones que permitan retomar la senda de crecimiento poniendo al ciudadano por delante.

 

La primera, impulsar la inversión. Para ello, se requiere un liderazgo que permita, por un lado, sacar del letargo a un Estado que está enredado en burocracia y pasividad, y que no ha cumplido las metas de ejecución de la inversión pública y, por otro, reactivar la inversión privada, para lo cual es fundamental el destrabe de proyectos, generar quick wins y darle prioridad a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

 

La segunda, la aprobación mediante Decreto de Urgencia de la extensión de la Ley 27360, que aprueba las normas de promoción del sector agrario, y sobre la cual existe ya un texto consensuado. Esta norma ha permitido un círculo virtuoso de desarrollo en las zonas rurales del país y convertido al sector agroexportador en un catalizador de inversión, generación de empleo, reducción de la pobreza, empoderamiento de la mujer y formalización. Esta ley vence en 2021, pero dada la naturaleza del sector y el tiempo de maduración de los cultivos, la falta de seguridad jurídica sobre las condiciones laborales y tributarias para nuevas inversiones viene generando terribles efectos y paralización de este círculo virtuoso de desarrollo del sector rural. Ya los bancos han limitado las líneas de financiamiento, lo que ocasionaría un freno de las inversiones, pérdida de empleos formales, caída de las agroexportaciones, incapacidad para ampliar la frontera agrícola, entre otros problemas.

 

La tercera, atender la problemática del sector salud que se encuentra en situación crítica y requiere acciones inmediatas con el fin de atender particularmente a las poblaciones más vulnerables con un servicio de calidad. Para ello, proponemos crear un espacio público-privado que trabaje de forma transparente y colaborativa en soluciones para atender de manera integral la problemática, y que ponga al paciente en el centro del debate. Esta discusión necesariamente deberá atender algunos frentes críticos, como el fortalecimiento del sector salud y de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, a fin de generar una real mejora en la calidad de los servicios de salud y un mayor acceso a medicamentos.

 

Desde ComexPerú nos ponemos a disposición del Gobierno para contribuir con propuestas y dialogar, con el fin de impulsar políticas públicas que defiendan principios, no intereses particulares ni políticos, y pongamos de una vez por todas al ciudadano primero.

 

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24/10/2019

Recomendaciones para reducir la corrupción

 

Señor Presidente:

En más de una ocasión he oído hablar de su deseo por acabar con la corrupción; pero no he oído hablar todavía de la forma en que lo logrará. Considerando que, de una u otra manera, todos somos parte en esta lucha; me permito hacerle llegar algunas recomendaciones sobre la base de mi experiencia como víctima y testigo de diversos actos de extorsión.

 

Debemos empezar por sincerar nuestro objetivo, porque es utópico. Acabar con la corrupción es como poner fin a la delincuencia o la deshonestidad. Podemos reducir el crimen y castigarlo cuando lo detectamos, pero debemos aceptar que convivimos con delincuentes, como en todas partes del mundo, y que acabar con el delito es un imposible que no se condice con la naturaleza ni la historia.

 

Aceptar esta realidad no significa en lo absoluto resignarse a ella. Por el contrario, nos permite ser conscientes de la dimensión de nuestro problema para resolverlo adecuadamente. Desde esta perspectiva, sabremos que no acabaremos con la corrupción, pero que podremos reducirla significativamente si logramos entender las dos situaciones en las que se genera. Primero, aquellas en que las personas o empresas ceden a actos de corrupción para acceder a lo que tienen derecho y que por ley les corresponde. Segundo, aquellas en que la corrupción sirve como un medio para acceder a lo que no se tiene derecho o que por ley está prohibido.

 

Esta última forma de corrupción es la más difícil de combatir porque se gesta en una premeditada clandestinidad, donde las personas confabulan dolosamente para defraudar al Estado, buscando obtener algo que no les corresponde. Esta corrupción se mantiene oculta entre malhechores que son parte de la sociedad, como los rateros, estafadores y violadores; a los que sólo podemos castigar cuando los encontramos delinquiendo, pero que nos atormentan siempre.

 

La primera forma de corrupción, en cambio, puede combatirse más fácilmente si logramos entender que su principal foco de desarrollo radica en la burocracia gubernamental y en el abuso de autoridad. Cada trámite burocrático que realiza una persona ante una entidad del Estado es un ambiente propicio para la corrupción. Cada acto abusivo de poder es un mecanismo de extorsión para los funcionarios corruptos. Si coincidimos en esto nos será más fácil comprender las siguientes recomendaciones:

 

1.- Debemos fortalecer el equipo de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi, con la finalidad de reducir al mínimo sus tiempos de respuesta. Si una empresa enfrenta una exigencia ilegal y decide denunciarla, podría demorar hasta dos años en obtener una resolución firme. En todo ese tiempo la empresa podría encontrarse expuesta a múltiples riesgos de corrupción a cambio de evitar la burocracia estatal. Si el Indecopi pudiera coadyuvar a que las empresas sorteen en cuestión de días las barreras burocráticas ilegales e irracionales que enfrentan, esta forma de corrupción desaparecería.

 

2.- Debemos fortalecer a los equipos de fiscales de prevención del delito y asignarles funciones específicas, de manera que puedan acudir de manera inmediata y dar una opinión previa cuando se presenta un acto de abuso de autoridad. Si un inspector municipal clausura un local comercial ilegalmente y no existe un fiscal que presencie el hecho y deje constancia de su postura frente al abuso; las empresas se verán expuestas a todo tipo de requerimientos ilícitos para levantar la medida de clausura, mientras sufren cuantiosos daños económicos.

 

En la actualidad, Indecopi cuenta con menos de treinta personas dedicadas a eliminar barreras burocráticas; y pensar en sacar a un fiscal de prevención del delito de su despacho no es más que un sueño. Con estas dos recomendaciones de fortalecimiento institucional, las personas tendrían a quien recurrir cuando se vean expuestas a riesgos de corrupción para evitar que ésta se produzca. No acabaremos con la corrupción, pero la reduciremos enormemente.

 

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24/10/2019

Municipalidades: ¿Cuándo mostrarán notorios resultados?

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su Agenda de Desarrollo 2030, entre los cuales se encuentran los siguientes: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, y Educación de calidad. En el Perú, cuando hablamos respecto a cómo vamos en relación con los ODS, nos vienen a la mente políticas que se quedan a medias: (i) reducción de la pobreza monetaria, mas no de la pobreza multidimensional, que toma en cuenta la calidad de vida; (ii) mejora de la calidad en la provisión del servicio de salud, a pesar de que aún existe un desabastecimiento crónico en los establecimientos públicos en cuanto a medicamentos (ver Semanario 1000 de ComexPerú); y (iii) mayor inversión en educación, mas no en la calidad educativa. 

 

Dicho esto, es necesario recordar que la gestión de políticas públicas en nuestro país está descentralizada y que las municipalidades, tanto provinciales como distritales, además de los Gobiernos regionales, juegan un rol fundamental en este proceso, ya que son, a fin de cuentas, las entidades más cercanas a la población. Por ello, la nueva ministra de Economía y Finanzas afirmó recientemente que el presupuesto del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal se incrementará de S/ 600 millones a S/ 800 millones en 2020, al ser un instrumento de “gran apoyo" para las comunas. Entonces, para que exista eficiencia del gasto, por ejemplo, es imprescindible que el Estado identifique y comprenda cuáles son las principales necesidades de las municipalidades en cuanto a capacitación y asistencia técnica.

 

UNA MIRADA A LAS CIFRAS

Tan solo basta mirar algunas cifras de ejecución y periodicidad del gasto público para evidenciar la actual “brecha de gestión” que aqueja a estas instituciones. Por ejemplo, a tan solo tres meses de culminar el año, los Gobiernos locales solo ejecutaron un 41.6% del presupuesto institucional modificado (PIM) en lo que respecta a proyectos de inversión pública (PIP). Asimismo, entre las carteras en las que menos se ha gastado se encuentran turismo (31.1%), orden público y seguridad (35.2%), industria (35.8%), saneamiento (36.8%) y salud (37.7%), sectores fundamentales para fortalecer la competitividad del país y erradicar la pobreza multidimensional. Por otra parte, las municipalidades que menos avance han tenido pertenecen a los departamentos de Madre de Dios (29%), Tumbes (31.5%) y Áncash (32.3%). En cuanto al primero, si observamos el avance de ejecución de los recursos por canon y regalías, en lo que va del año, ha ejecutado aproximadamente S/ 6.4 millones, lo que se traduce en un avance del 31.5%. Lo sorprendente es que, dentro de este rubro, el que ha tenido una mayor ejecución es cultura y deporte, con un 84.2%, mientras que ¡saneamiento y salud solo tuvieron un 37.3% y un 18.1%, respectivamente!

 

Por otro lado, tenemos el caso de Cajamarca, departamento más pobre en nuestro país, y en lo que respecta al avance de sus Gobiernos locales tan solo se ha ejecutado un 39.9%. Entre las carteras en las que menos se ha gastado están saneamiento (32.7%), salud (40.7%) y educación (55.9%). Entonces, ¿cómo esperamos combatir la pobreza, mejorar la calidad de la salud o la educación si no están llegando eficientemente los recursos a los departamentos que más lo necesitan? ¿Existe un sector público a nivel local técnico y fortalecido?

 

Durante años se ha evidenciado que la evaluación ex post de los proyectos ejecutados es deficiente, y esto resulta clave si se desea avanzar en eficiencia del gasto y priorización de necesidades para elaborar políticas públicas. Y si a esto sumamos una ineficiente gestión de las municipalidades provinciales o distritales en los departamentos que más lo necesitan, es claro por qué no se cierran las brechas existentes en cuanto a pobreza, salud y educación. Ante esto, las municipalidades deberían recibir asesoramiento sobre presupuesto por resultados, que vaya de la mano con el incremento presupuestal del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Se requieren acciones concretas en cuanto a asistencia técnica y capacitación. ¡Pero ya!

 

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24/10/2019

Motociclistas: ¿chaleco y placa?

 

Según datos de un último boletín del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el periodo marzo-agosto de 2019, un 26.3% de la población de 15 a más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo y el 85.3% percibió inseguridad. Asimismo, el 86% de los hombres creyeron que serían víctimas y, en el caso de las mujeres, el 84.6%. Además, en lo que respecta a la percepción de vigilancia, un 25.4% de la población manifestó que esta se dio por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde vive, un 34% contó con vigilancia de serenazgo y un 11.3%, con patrullaje integrado.

 

Las cifras anteriormente expuestas se mantienen desde hace un buen tiempo y, si bien el Estado ejecuta diversas acciones para combatir la inseguridad ciudadana, aún existen algunas propuestas legislativas carentes de un correcto análisis costo-beneficio, que afortunadamente no fueron debatidas en el pleno del Congreso, ya que de haberse aprobado habrían generado más costos en perjuicio de la ciudadanía. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que planteaba restringir la circulación de dos personas o más en una motocicleta, so pretexto de luchar contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos en motocicletas lineales.

 

Si bien iniciativas como la señalada perdieron fuerza ante la disolución del Congreso de la República, a inicios de octubre, se aprobó el Decreto Supremo 022-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1216, mediante el cual se estableció que los conductores y pasajeros de motocicletas usen cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo menor en el que viajan, con el objetivo de fortalecer la operatividad de la PNP para fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos. Si bien el reciente decreto supremo encarga al Ministerio de Transporte y Comunicaciones establecer las especificaciones técnicas para cumplir con lo anterior, así como las restricciones o limitaciones, ¿realmente esta medida aportará en algo para combatir la delincuencia en nuestro país? Y, en el peor de los casos, ¿no llevaría a un aumento de la falsificación de placas para cometer hechos delictivos?

 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2018, un 2.5% de los habitantes de Lima Metropolitana acude a su centro de trabajo o estudio en motocicleta propia, mientras que el 68.6% lo hace en transporte público. Así, la referida norma pretende modificar, de un momento a otro, la forma habitual de transporte de una minoría ciudadana.

 

Asimismo, si analizamos la aplicación de este tipo de medidas en otros países, por ejemplo en Colombia, donde se implementó una norma similar entre 1999 y 2005 para combatir la inseguridad ciudadana, vemos que no tuvo el efecto esperado. Según Eduardo Soto, periodista del diario El Tiempo de Bogotá, el crimen y la inseguridad ciudadana persistieron en las principales ciudades del país. Además, esta medida generó corrupción en diversos municipios, debido a los intereses respecto de quiénes fabricaban los chalecos con los números de placa.

 

Por otro lado, en el supuesto negado de que una medida como la planteada impacte positivamente en la reducción de hechos delincuenciales que usen motocicletas, muy probablemente los delincuentes buscarían alternativas para seguir cometiendo delitos. No sería novedad que haya quienes opten por el uso de placas clonadas o usen un número de placa que no coincida ni con el chaleco ni con el casco, lo que acentuaría aún más el problema, según Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura [1].

 

Una vez más, la importancia de realizar un análisis de impacto regulatorio queda en evidencia. Está claro que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos y urgen medidas para prevenir y contrarrestar todo tipo de acto delictivo. Por ello, la clave para formular regulaciones eficientes es que estén basadas en evidencia. Sumado a esto, una mejor educación en los barrios más vulnerables a la delincuencia, una mayor capacitación de la PNP, junto con la implementación de tecnología avanzada para un constante monitoreo diario en las calles, ayudaría a combatir la inseguridad ciudadana.

 

 


[1] Fundación que apoya a los motociclistas en Colombia.

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24/10/2019

Un largo camino en la competencia global

 

La competitividad y la productividad son términos comúnmente relacionados cuando nos referimos a las capacidades que tiene un país para desempeñarse en materia económica y generar riqueza a través de diferentes sectores productivos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la competitividad económica se puede definir como el conjunto de instituciones, políticas y factores internos de un país que determinan su nivel de productividad. Además, a esta definición podemos agregar que son justamente estos factores los que también influyen en el nivel de ingresos y bienestar a los que puede aspirar la población, ya que, en gran parte, la calidad de los servicios públicos, el entorno económico local y la legislación van de la mano con la productividad y la competitividad del país en su conjunto.

 

De esta manera, con el objetivo de evaluar anualmente el progreso en materia de competitividad económica y su transmisión hacia una mayor productividad y bienestar social, el WEF publicó recientemente el Reporte de Competitividad Global 2019. Esta es una herramienta que contribuye a que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil puedan trabajar en conjunto para potenciar la productividad y el bienestar en sus economías, al medir el desempeño de 114 indicadores divididos en 12 pilares.

 

Como comentamos en la edición anterior, el Perú ha retrocedido en el ranking por sexto año consecutivo, al ocupar la posición 65 de 141 países analizados, dos puestos menos que la edición de 2018. Al desagregar este resultado, salta a la luz que el Perú ha retrocedido en 8 de los 12 pilares que contempla este reporte: Instituciones, Infraestructura, Adopción de TIC, Mercado de Productos, Mercado de Trabajo, Sistema Financiero, Dinamismo Empresarial y Capacidad de Innovación.

 

En cuanto al desempeño de la región, la mayoría de las economías de América Latina ha retrocedido en esta edición. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este panorama se debe al deterioro de los precios internacionales de las principales exportaciones de la región, condición que ha repercutido en la producción nacional y en el crecimiento de estas economías. Además, la Cepal destaca que han existido dos factores internos comunes que también juegan un rol en estos resultados: la inestabilidad política que influye en el nivel de institucionalidad y la insuficiente capacidad para innovar. En este contexto, a nivel general, el Perú se ubica por debajo de Chile (puesto 33), México (58) y Colombia (57), pares de la Alianza del Pacífico, y ha sido, junto con México, uno de los pocos en la región que ha experimentado retrocesos de competitividad por más de 3 años consecutivos.

 

¿CUÁNDO ARRANCAMOS?

Más allá de un análisis detallado de los resultados para el Perú, que revela una foto del momento, debemos plantearnos medidas concretas para superar el rezago de competitividad que vemos año a año.

 

Por ejemplo, si solo pensamos en Infraestructura, Instituciones, Mercado Laboral, Dinamismo Empresarial e Innovación (algunos de los pilares con mayores rezagos a lo largo del tiempo), resultaría clave acentuar la necesidad de destrabar grandes proyectos en infraestructura de transporte aéreo y carga, así como la promoción de mecanismos de colaboración público-privada que permitan acelerar inversiones en servicios básicos (ver Semanario 1002 de ComexPerú).

 

Además, el fortalecimiento del sistema de justicia y las instituciones se vería favorecido con la implementación del expediente judicial electrónico, la implementación de la reforma de partidos políticos, entre otras medidas. En materia del mercado laboral, destaca la modernización del régimen de micro y pequeñas empresas, así como temas pendientes en regulación de modalidades formativas laborales y fortalecimiento de la educación técnica. Finalmente, para incrementar la competitividad por el lado del dinamismo empresarial y la innovación, resultaría fundamental un análisis de calidad e impacto regulatorio que priorice la estabilidad en las “reglas de juego” en la economía e incentive la simplificación administrativa y burocrática para hacer empresa en el país. Además, urge ampliar los beneficios para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo en los sectores productivos.

 

Si bien muchas de estas medidas están ya contempladas dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), su ejecución y seguimiento deben ser un tema prioritario ante las brechas que persisten a lo largo del tiempo en cuanto a productividad.

 

Los resultados expuestos en el reporte de este año no son noticia nueva. Año tras año, llega la época en la cual este, junto con otros indicadores relevantes como el Doing Busines o el Índice de Desempeño Logístico, publicados por el Banco Mundial, actualizan sus resultados y muestran cómo el Perú avanza a un menor ritmo que sus pares en la región y se mantiene lejos de los países desarrollados. Sin embargo, la foto del momento y el análisis coyuntural hacen poco por atacar las principales problemáticas en materia de infraestructura, estabilidad política, facilidad para hacer negocios e innovación.

 

Estos resultados son un llamado a la acción para los hacedores de política, quienes deben redirigir su atención a las recientemente aprobadas hojas de ruta económica, como el PNCP y el PNIC. Ambos documentos son un reflejo de una visión clara de largo plazo que trasciende a Gobiernos de turno y coyunturas nacionales e internacionales, y ponen al Perú por delante. Sin embargo, es primordial considerar la credibilidad y capacidad de ejecución por parte de las instituciones políticas como piedra angular de cualquier medida que aspire a elevar la competitividad del Perú. ¡El Perú necesita acelerar en la competencia global!

 

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24/10/2019

De vuelta a la burocrática realidad

 

Tras unos días fuera del Perú, alejado de la burocracia que nos agobia diariamente; regresé al país para enfrentar una realidad perturbadora. Todos los esfuerzos que realizamos para volvernos más competitivos, son insuficientes cuando nos encontramos frente a funcionarios públicos que tienen el poder de hacer prevalecer la ilegalidad y la irracionalidad, por encima de los derechos de las empresas y ciudadanos.

 

El 17 de febrero, la Municipalidad de Magdalena del Mar publicó una ordenanza ordenando multar y clausurar a los establecimientos comerciales que no instalen en su interior cámaras de video vigilancia con una capacidad de grabación no menor de treinta días; obligando a las empresas a incurrir en gastos de manera ilegal.

 

El 19 de febrero, el alcalde de La Molina amenazó a todos sus vecinos con prohibir la construcción de más viviendas por ocho o nueve años, mientras encuentra la manera de solucionar el problema del tránsito; reconociendo públicamente que dicha prohibición paralizaría inmediatamente inversiones por más de S/ 30 millones en proyectos pre aprobados.

 

El 25 de febrero, la Municipalidad del Callao clausuró temporalmente el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por omitir colocar en su interior unos carteles indicando que en sus instalaciones está prohibido discriminar. No le importó en lo absoluto paralizar el tránsito aéreo desde y hacia del Perú, por una supuesta infracción a una exigencia que, por si fuera poco, es ilegal e irracional.

 

El 28 de febrero, la Municipalidad de Jesús María prohibió en su distrito la circulación de moto taxis, sin importarle que en otros distritos de la capital el tránsito en dichos vehículos fuera fluido. Esta restricción, de finalidad hasta ahora incierta, se suma a la amenaza de prohibir el tránsito de dos personas en motocicletas lineales, bajo el argumento de reducir la delincuencia; a pesar de que no existe sustento técnico alguno que lo respalde.

 

Estos lamentables acontecimientos ponen en evidencia algo que ya todos sabemos. La burocracia es un monstruo vivo, que se alimenta diariamente de nosotros. Crece y se fortalece con cada barrera que nos impide actuar de manera legal, simple y rápida. No es un problema estático para el que sirva una solución única. Es una suma de abusos y errores que es necesario enfrentar uno a uno para corregirlos.

 

Las personas y empresas necesitamos que el INDECOPI y los fiscales de prevención del delito puedan actuar con mucha mayor celeridad para evitar el ejercicio abusivo del poder por parte de funcionarios públicos. Mientras el gobierno no entienda esto, y no nos proporcione las armas legales adecuadas para enfrentarnos a la burocracia, el camino para alcanzar la ansiada competitividad será cada vez más largo.

 

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24/10/2019

La metáfora de la caverna

 

Dado que las metáforas se han puesto de moda en los últimos días para que nuevos funcionarios públicos nos expliquen en términos simples los objetivos del gobierno, quizás puedan servirnos a nosotros para explicarles a ellos cuáles son las expectativas que la ciudadanía y el empresariado mantienen frente al Estado.

 

Contaba Platón que en tiempos lejanos, vivía un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento al interior de una oscura cueva. Sus cuerpos estaban encadenados y llevaban grilletes al cuello, que los forzaban a mirar siempre a una pared. Detrás de ellos había una hoguera que se mantenía siempre encendida. Su única esperanza en vida era observar nuevas sombras que la hoguera proyectaba sobre el muro, y disfrutar de las siluetas y diferentes formas que otros hacían con diversos objetos. Esas sombras eran la única “realidad” conocida por los prisioneros, que habían llegado a acostumbrarse a ella, perdiendo por completo el interés hacia cualquier otra cosa.

 

Cierto día, un hombre del exterior descubrió la caverna y al ingresar se encontró con este penoso escenario. Sigilosamente y sin distraer al público de la atención de las sombras, logró desencadenar a uno e intentó convencerlo de salir a la superficie. Le contó que el mundo exterior estaba lleno de colores, verdes y azules; que existía el día y la noche y se respiraba aire puro. Pero el prisionero sólo podía pensar en la próxima sombra que vería.

 

Con insistencia y forzándolo a salir intentó sacarlo de la cueva, pero los ojos del hombre acostumbrados a la penumbra no soportaron la luz natural, y se echó a gritar y llorar buscando volver con sus sombras. A rastras y sin querer salir, se fue adaptando poco a poco a la luz del sol y a la brisa del campo. Se frotó los ojos y descubrió un mundo maravilloso, un cielo celeste que cobijaba un mundo lleno de formas, matices y colores nuevos que nunca antes conoció. Extasiado por lo que había visto, volvió a la cueva a contárselo a sus compañeros, pero estos sólo querían seguir viendo sombras y amenazaron con matarlo si continuaba interrumpiéndolos.

 

Al igual que los hombres de la caverna, la mayoría de funcionarios públicos son prisioneros de una falsa realidad. Creen que el mundo puede verse y entenderse sólo a través de la regulación. No buscan crear nuevas sombras, pero sino nuevas normas con las cuales entretenerse y mantenerse ocupados. Viven ensimismados en ellas, pensando en la próxima disposición o reglamentación que proyectarán sobre los demás.

 

Pero la realidad que se vive al exterior de las cavernas ministeriales y municipales es muy distinta. La libertad de la que gozan las personas y empresas es algo que a los funcionarios encerrados en su oscuro mundo burocrático les cuesta entender. No logran comprender como un universo con menos trámites, requisitos, permisos, licencias, impedimentos, exigencias y cobros puede ser mejor que en el que ellos viven. Sin embargo lo es.

 

La calidad de vida de las personas, la celeridad y simplicidad para desarrollar negocios y el optimismo empresarial para crecer; podrán ser apreciados solamente si logramos convencer a los funcionarios de salir de sus cuevas. Nos va a costar sacarlos. Pero tenemos que forzarlos a salir de la penumbra en la que se encuentran, aunque lloren y griten. Cuando logren salir de ella, veremos todos un Perú menos burocrático y más competitivo.

 

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24/10/2019

La incautación del progreso

 

La Municipalidad de Miraflores se ha vanagloriado de haber incautado, en menos de dos horas, más de 140 scooters pertenecientes a una empresa que ha invertido y apostado por proveer a la ciudad de una nueva forma de transporte, que podría aliviar el caos vehicular.

 

Según indicó la municipalidad en un comunicado, la incautación se debió a que los scooters estaban estacionados en la vereda e interrumpían el tránsito peatonal. Sin embargo, en el mismo comunicado se dio a conocer que el objeto de la medida era reducir los accidentes debido a la alta velocidad que pueden llegar alcanzar. Pareciera, pues, que estacionar en la vereda fue solo una excusa para impedir que los scooters circulen por el distrito, debido a una supuesta amenaza pública producto del exceso de velocidad.

 

Pero, ¿son en verdad los scooters una amenaza? Las bicicletas, motocicletas, automóviles y micro buses circulan a diario excediendo la velocidad, y ésa no es excusa para incautarlos todos. Las autoridades deben hacer respetar las leyes, sin que eso implique atentar contra el desarrollo de actividades económicas ni impedir el progreso de una ciudad. El punto de partida para lograr ese objetivo debe empezar por establecer un marco normativo que permita a las personas y empresas conocer sus derechos y obligaciones.

 

Los scooters parecen ser una buena alternativa de transporte que se viene masificando. Sin embargo, hasta la fecha no existe una regulación clara. Hoy la mayoría desconoce si puede circular por la vereda como las personas, o por la calle como los autos. No sabe si pueden hacer uso de las ciclovías, o si le está prohibido. No tiene claro si puede dejarlos en la vereda, como a veces deja las bicicletas; o en la calle, ocupando el espacio que corresponde a un automóvil. Duda si puede andar por una avenida, o si puede hacerlo por el margen izquierdo.

 

Para crecer ordenadamente y buscar soluciones innovadoras, la Municipalidad Metropolitana de Lima debe dar a conocer las normas que debemos observar para hacer uso de estos sistemas de movilización. Solo de esa forma tendremos predictibilidad respecto del actuar de las autoridades, y sus medidas de incautación no nos parecerán tan arbitrarias. Las normas no pueden atomizarse por distrito. La municipalidad provincial debe asumir el rol que le corresponde y establecer una única normativa que conozcamos todos de manera general.

 

 

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24/10/2019

Matando moscas con bazucas

 

Un muchacho en una patineta arrolla accidentalmente a una mujer, y la Municipalidad de San Isidro decide suspender el uso de patinetas en todo el distrito.

 

Un edificio se incendia en el centro de la capital, y la Municipalidad de Lima decide clausurar todos los comercios en un radio de 20 manzanas como medida de prevención.

 

Un autobús se incendia en un terminal informal, y al día siguiente la Municipalidad de los Olivos clausura todos los terminales formales bajo su jurisdicción.

 

Un cambista es asaltado por un par de sujetos en una motocicleta, y el alcalde de Miraflores propone restringir el transporte de más de una persona en estos vehículos.

 

Se produce un robo en un local comercial, y la Municipalidad de Magdalena obliga a instalar cámaras de vídeo vigilancia en todos los locales comerciales del distrito.

 

Se percibe que hay mucha inseguridad, y la Municipalidad de Lince prohíbe el funcionamiento de establecimientos comerciales después las 11 de la noche y antes de las 8 de la mañana.

 

El alcalde de la Molina advierte que el tránsito vehicular es muy denso, y propone no otorgar nuevas licencias para evitar el desarrollo de nuevas construcciones por los siguientes 8 años.

 

El aeropuerto internacional más importante de nuestro país omite colgar un cartel con un anuncio contra la discriminación, y la Municipalidad del Callao decide clausurarlo.

 

Los niños y adolescentes engordan, y el Ministerio de Salud restringe la publicidad de diversos productos y obliga a colocar advertencias para desincentivar su consumo.

 

La gente con poco civismo tira la basura a los ríos y mares, pero en lugar de generar conciencia y fomentar el reciclaje; se prohíbe la fabricación, uso y consumo de bolsas y utensilios de plástico.

 

Se incendia un centro comercial y el Congreso crea un trámite para renovar cada dos años certificados de seguridad aplicable a todos los establecimientos del país, generando obligaciones y costos que terminan sirviendo para nada y que no reducen los incendios.

 

¿Qué tienen en común todos estos sucesos ocurridos en nuestro país? Todos ellos son productos de una regulación anecdótica o reactiva; que es producto del ímpetu generado por un determinado suceso espontáneo; y no de un análisis racional que debe tener toda solución que pretenda ser impuesta por una autoridad.

 

El problema de este tipo de regulación es que, al verse motivada por la premura en hacer algo y el interés político de quienes buscan evitar la frase “no hizo nada”; termina generando medidas desproporcionadas que resultan ineficaces para mitigar los riesgos de que situaciones similares se repitan.

 

La regulación impulsiva que busca limitar la libertad de las personas para acabar con algunas conductas no deseadas, es hacer pagar a justos por pecadores; y no es así como se debe legislar. El exceso de regulación limita el progreso y el desarrollo de las personas y empresas, y afecta nuestra calidad de vida.

 

Sobre regular intempestivamente pensando que con ello se evitará que sucesos no deseados se repitan, es como disparar una bazuca para acabar con las moscas que nos molestan. La explosión sólo generará daños irreparables, y no evitará que las moscas regresen.

 

 

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Rankings

Para conocer el ranking de entidades de la Administración Pública que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional, o que han impuesto mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad a nivel nacional