23/10/2020

#Perúsinbarreras: Episodio 4

“Si esperamos que el Estado desregule, lo que él mismo se empeña en regular; no avanzamos”.

Escucha aquí un episodio más de #PerúSinBarreras, donde se explica porque el enfoque para la desregulación no es el adecuado, y se proponen medidas concretas para mejorar enfrentar la burocracia absurda y los abusos de autoridad.

16/10/2020

#Perúsinbarreras: Episodio 3

“La demora del Estado en resolver nuestros trámites, muchas veces juega a nuestro favor”

09/10/2020

#Perúsinbarreras: Episodio 2

Escucha aquí un nuevo episodio de #PeruSinBarreras, en el que a partir de las declaraciones del alcalde de La Victoria, en el que critica la burocracia del Ministerio de Salud; se analiza el conflicto entre la sujeción a las leyes y el uso del sentido común

02/10/2020

#Perúsinbarreras: Episodio 1

Escucha aquí el episodio 2 del podcast #Perúsinbarreras; sobre la importancia de aprender de los errores; y denunciar las equivocaciones de los funcionarios públicos para generar castigos, como la unica manera de promover el aprendizaje en la administración pública.

25/09/2020

#Perúsinbarreras: Episodio 0

Escucha aquí el episodio inaugural del podcast #Perúsinbarreras, un nuevo espacio para reflexionar sobre el exceso de burocracia en nuestro país

24/09/2020

¿Y el TUPA de las notarías?

Hace unos días acudí a una notaría cercana al lugar en donde vivo para legalizar mi firma en un contrato de alquiler. Me aseguré de llevar conmigo mi DNI vigente, y de no tener multas electorales pendientes de pago. Al llegar a ventanilla, expliqué a una amable señorita el motivo de mi visita. A cambio recibí una curiosa explicación.

“Necesita traer una copia literal del inmueble, con una antigüedad no mayor de 15 días, que acredite que el arrendador es propietario del departamento que desea alquilar.”

“¿Para qué?”, le pregunté.

“Para asegurarnos de que quien le alquila puede alquilarle”, me respondió.

“Muchas gracias – le dije – pero yo puedo cuidarme solito. Solo quiero legalizar mi firma, por favor”.

“Lo siento señor. Tiene que traer esos papeles para que podamos legalizar su firma.”

Tras fracasar en el intento de convencerla, me fui pensando en que tenía que haber otra notaría que se interesara menos en mi bienestar, y que estuviera dispuesta a legalizar mi firma sin tantos reparos. Dicho y hecho, a unas cuantas cuadras la encontré. Bastó mi DNI, mi huella digital y el pago de S/ 22.

De regreso a casa, me quedé pensando en el requerimiento de aquella amable señorita, y empecé a jalar un hilo de pensamientos que me llevaron a hacerme una pregunta que luego gatilló otras y luego otras: ¿Por qué las notarías no tienen un Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA que las regule? ¿Por qué no sujetan sus precios al costo de sus servicios? ¿Por qué no someten sus trámites a las normas que rigen los procedimientos administrativos?

Cuando uno revisa el artículo I de la Ley del Procedimiento Administrativo General - LPAG, encuentra que dicha ley es aplicable a todas las entidades del sector público, pero también a “Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”.

¿No son las notarías personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos y ejercen funciones administrativas por delegación del Estado? Para responder esta pregunta basta con recurrir a la Ley del Notariado, que en su artículo 1° reconoce que el "notariado de la República" debe cumplir con las funciones, atribuciones y obligaciones que le otorga la ley.

Al mismo tiempo, dicha ley autoriza a los notarios a dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran; a formalizar la voluntad de las personas que acuden ante él; a dar autenticidad a instrumentos privados y convertirlos en públicos; a comprobar hechos y a tramitar los asuntos no contenciosos que las leyes señalan.

Todo parece indicar, pues, que los notarios ejercen, por delegación del Estado, funciones  públicas que no pueden ser ejercidas por cualquier persona - sino solo en algunos casos, por jueces de paz. Siendo así, no hay motivos para que se exoneren del cumplimiento de las normas contenidas en la LPAG, al igual que se encuentran sometida a ella los colegios profesionales - por ejemplo.

Sin embargo, las notarías del país parecen estar actuando al margen de la ley. Si concluimos, como parece ser, que las notarías ejercen una función pública, entonces deben regirse por la LPAG. Deben tener un TUPA. Deben sujetar sus precios al costo de sus servicios. Y deben realizar sus trámites con las garantías para los usuarios de todo trámite administrativo.

¡Lindo caso para Adeb!

02/09/2020

¿Doce meses de vacaciones pagadas?

Desde que empezó la cuarentena obligatoria, las empresas formales se han visto obligadas por el gobierno a enviar a sus casas al personal que es considerado con mayor riesgo frente al Covid 19; y a continuar pagándoles el íntegro de su remuneración y beneficios sociales, como si vinieran trabajando con absoluta normalidad.

Según el gobierno, estas horas deben ser recuperadas cuando termine la cuarentena; pero lo cierto es que será prácticamente inviable recuperar más de 6 meses de horas dejadas de laborar. Lo peor es que la cuarentena para este grupo de personas no tiene cuando acabar, por lo que podríamos estar hablando de más de 12 meses en casa, sin laborar, a costa de los recursos de las empresas formales.

La situación de iliquidez que enfrentan las empresas formales debido a la cuarentena es sumamente grave. Muchas han debido cerrar operaciones, recortar sueldos, despedir trabajadores, o incluso cerrar para siempre su actividad y salir del mercado. Lo hemos visto en todos los sectores de la economía.

¿Es justo que un grupo de personas permanezca en casa sin trabajar, percibiendo el 100% de su remuneración y todos sus beneficios laborales, como si la crisis no existiera para ellos? Estamos hablando de personas que tienen obesidad, presión arterial no tratada, diabetes o más de 65 años.

En Brasil se ha adoptado una medida que pareciera ser mucho más equitativa, y se ha dispuesto que todas las personas que no puedan volver a laborar por sus propias condiciones de salud, perciban sólo dos tercios de su remuneración, debiendo el gobierno y el empleador asumir un tercio cada uno mientras dure la cuarentena.

No se trata de una medida que busque perjudicar a la población de mayor riesgo. Se trata de una forma de distribuir equitativamente los riesgos y las pérdidas, entre la población, el gobierno y las empresas.

Si trasladamos a la empresa formal toda la carga económica del problema, su recuperación será mucho más lenta y veremos que muchas más saldrán del mercado, o se convertirán en informales, por no poder continuar pagando el 100% de las remuneraciones del personal que está en casa sin laborar, mientras otros se “rompen el lomo trabajando.”

Tratar a todos con justicia no significa dar a todos lo mismo, significa dar a cada uno lo que legítimamente le corresponde.

02/08/2020

EL MECANISMO

El sistema de control municipal peruano está diseñado para extorsionar y corromper.

El poder que tienen los inspectores municipales para clausurar locales comerciales, obliga a las empresas a ceder ante el abuso de autoridad.

El mecanismo es simple:

“Ceder ante la extorsión y hacer un pago indebido, es mejor que cerrar el negocio y perder dinero.” 

Veamos cómo opera:

Todo empieza con una visita de fiscalización y una clausura temporal. No se necesita una razón específica. Los inspectores pueden inventar cualquiera. Incluso una ilegal.

A partir de ese momento, el empresario empieza a perder dinero. Sin ingresos para cubrir gastos, su negocio está en peligro. El miedo y la ansiedad se apoderan de él.

Cada minuto con el local clausurado, sus riesgos y pérdidas aumentan exponencialmente.

Y las municipalidades lo saben. El tiempo y la  incertidumbre son partes del mecanismo.

Si quieres librarte de él, tienes que pagar. Si quieres reabrir, tienes que pagar. No importa si es una coima o una multa injustificada. Tienes que pagar.

El mecanismo está diseñado para captar dinero. Para hacerlo de forma rápida rápido, las municipalidades ofrecen jugosos descuentos. Pero claro, el monto de las multas también lo fijan ellas.

Teniendo los locales clausurados, no hay nada que las empresas puedan hacer. El poder y el abuso de las municipalidades no tienen límites.

Contratar un abogado suele ser más caro que pagar la multa o la coima.

Aun contratándolo, una apelación demoraría más de dos meses en resolverse.

Una denuncia por abuso de autoridad ante el ministerio público resulta poco útil para reabrir el local.

El INDECOPI no revisa barreras burocráticas contenidas en sanciones o medidas correctivas.

El empresario no tiene como defenderse ante el mecanismo.

Los municipios aprovechan la vulnerabilidad del sistema y el paso del tiempo para captar dinero de las empresas ilegalmente.

Las normas que permiten a las municipalidades clausurar locales ilegalmente deberían cambiar rápidamente. Pero no cambiarán.

Ya sabes porqué.

18/07/2020

¿Quién debe pechar a las municipalidades?

El ejercicio ilegítimo del poder municipal se ha salido de control. Los actos de abuso de autoridad y la persecución a empresas formales, abundan y atentan contra la continuidad de los negocios.

La imputación de infracciones superfluas, la imposición de multas exorbitantes y la clausura temporal de establecimientos; son hechos ilegales que se repiten diariamente, y que no encuentran un freno legal que los detenga.

Las empresas se encuentran en un estado de indefensión frente al poder municipal, que las induce a ceder a actos corrupción, con el propósito de salvaguardar sus negocios frente a la extorsión de funcionarios municipales.

De nada sirven apelaciones, denuncias penales o acciones de amparo; que tardan meses en resolverse, mientras la clausura de un local comercial amenaza con quebrar una empresa. Nuestro sistema de justicia no está preparado para enfrentar estos abusos de poder.

No obstante, hay un actor que está pasando desapercibido dentro de esta crisis de control. Los artículos 82° y 199° de nuestra Constitución encargan a la Contraloría General de la República la función de controlar la legalidad de los actos de las municipalidades. ¿Lo está haciendo?

Ante la indefensión que sufren las empresas frente a los actos de extorsión municipal, el Contralor General de la República está llamado a crear un sistema de control que permita responder, sin dilación, frente denuncias de extorsión y abusos de poder municipal por parte de las empresas.

El control de legalidad de los actos municipales no es sólo una cuestión de presupuestos. La Contraloría podría jugar un papel preponderante en la desburocratización del país y la continuidad de los negocios, que se ven detenidos indefinidamente por actos arbitrarios de las municipalidades.

07/01/2020

La Municipalidad de Sullana impone un plazo de 5 años con respecto a los cambios de zonificación del uso de suelo en la provincia

Esto es considerado una #BarreraBurocrática Ilegal debido a que esta medida infringe el artículo 14° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que establece un plazo no menor a 10 años con respecto al cambio de zonificación.

Conoce más en la Ordenanza Municipal N° 010–2012/MPS

02/10/2019

Es ilegal que el MTC y los gobiernos regionales exijan a las empresas de transporte de personas, contar con vehículos de una categoría superior a la exigida reglamentariamente para obtener una autorización de funcionamiento

El Ministerio de Comunicaciones y Transportes - MTC y los gobiernos regionales exigen a las
empresas de transporte de personas, contar con vehículos de una categoría superior a la
exigida reglamentariamente para obtener una autorización de funcionamiento. Esta medida
que encarece los costos del servicio y fomenta la informalidad, ha sido declarada barrera
burocrática ilegal por el INDECOPI.

02/10/2019

Huancayo prohíbe a establecimientos comerciales realizar actividades complementarias

El Indecopi ha declarado barrera burocrática ilegal la prohibición de que los establecimientos con giros especiales soliciten la ampliación de su licencia de funcionamiento de área y/o giros complementarios y/o afines, lo cual se evidencia en el procedimiento “Ampliación de área y/o giros complementarios y/o afines contenido en el TUPA municipal (Texto Único de Procedimientos Administrativos).

El fundamento es que no existe prohibición alguna para que los titulares de licencia de funcionamiento de giros especiales puedan ampliarla para giros afines o complementarios, de conformidad con la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el Decreto Supremo 011-2017-PRODUCE, que aprueba los lineamientos para determinar los giros afines o complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento.

02/10/2019

Comunicado a la opinión pública: La exigencia de carnés de sanidad es ilegal

Algunas municipalidades vienen exigiendo la obtención y renovación periódica de carnés de
sanidad a las personas que atienden al público en locales comerciales. Si no se cumple la exigencia se generan multas a las empresas y hasta se cierran sus locales comerciales.

Exigir carnés de sanidad es ilegal porque contraviene el artículo 13° de la Ley General de Salud, que establece que “Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines.”

La exigencia es irrazonable porque no garantiza que las personas gocen de buena salud al
momento de la atención al público; sino que se limita a descartar ciertas enfermedades, tras la
realización de exámenes médicos invasivos.

Para obtener y renovar los carnés de sanidad, toda persona debe trasladarse cada seis o doce
meses a las dependencias municipales en los distritos donde laboran, y someterse a exámenes de sangre que atentan contra su privacidad.

El gasto estimado en tiempo y dinero que debe invertir cada persona en la realización de este
trámite es de S/ 70 soles en promedio – incluyendo tasas, movilidad y horas perdidas.
Exigir carnés de sanidad es una barrera burocrática que ha sido declarada ilegal por el
INDECOPI y confirmada por el Poder Judicial en múltiples oportunidades; que genera sobrecostos innecesarios y atenta contra la competitividad del país.

Exhortamos a los órganos de control interno, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público; a tomar las acciones necesarias para garantizar que las autoridades municipales cumplan y respeten la ley y los derechos de los trabajadores peruanos.

¡Trabajemos juntos por un Perú más competitivo y menos burocrático!

02/10/2019

Chorrillos exige tramitar documentos no contemplados en su TUPA

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas confirma la Resolución 0168-
2019/CEB-INDECOPI, donde se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el “estado de cuenta y hoja de resumen” como requisito para obtener el Certificado de Parámetros Urbanísticos registrada en el punto siete del documento “CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS emitido por la Municipalidad.

El motivo de declarar esta exigencia como barrera es que la Municipalidad Distrital de Chorrillos exigió un requisito que no se encuentra registrado en su TUPA, infringiendo lo previsto en el numeral 4 del artículo 40 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

01/05/2018

El mercado es más sabio que nosotros

A raíz de la reciente adquisición de Química Suiza, Intercorp no adquiere un monopolio en el sector farmacéutico. Cualquiera que sostenga lo contrario, no conoce cómo está compuesto el mercado de medicamentos en el país, o solo busca captar atención de la opinión pública mediante mensajes sensacionalistas. Pretender crear leyes que restrinjan el comportamiento natural de los mercados debido a los gritos de horror de algunos desentendidos, puede frustrar una enorme oportunidad para el país.

En el Perú existen cerca de 12,000 farmacias y boticas[1], de las cuales 1,100 pertenecen a Inkafarma y 1,000 a Mifarma. En conjunto, la participación de Intercorp a través ambas cadenas no llega al 20% del total de locales, por lo que es absurdo hablar de un monopolio. En un mercado tan atomizado como este, el consumidor tiene un abanico enorme de posibilidades donde adquirir sus productos.

En cuanto a los niveles de venta, históricamente las boticas independientes han mantenido una participación equivalente al 50% del mercado, mientras que las cadenas concentran la otra mitad. Por tanto, la verdadera competencia en el sector farmacéutico no está dada entre Inkafarma y Mifarma, como muchos piensan; sino entre las cadenas de boticas y las boticas independientes.

La guerra de precios entre Inkafarma y Mifarma ha estado orientada a disputar una mayor participación en un mercado que no es cautivo de las boticas independientes, y a captar principalmente a los clientes de otras cadenas; pero no al cliente de las boticas independientes, por cuanto el mercado moderno aún no ha encontrado la fórmula para vencer al mercado tradicional.

El mercado tradicional, compuesto por las boticas independientes, mantiene importantes ventajas competitivas frente al de las cadenas, debido principalmente a una notoria informalidad y una menor fiscalización por parte del Estado, que les permite incurrir en menores gastos operativos; pero sobretodo, debido a una estrecha relación de confianza entre la botica y sus clientes, que se explica por la presencia durante años de un mismo químico farmacéutico que ha jugado el rol del “doctor del barrio”, en el que su población confía, y que está dispuesto a financiar la venta de medicamentos, fiando a quienes los necesitan y que carecen de recursos para adquirirlos en el momento.

Abrir una botica en el Perú es muy fácil, y los costos para hacerlo no son elevados. Prueba de ello es que en los últimos cuatro años Inkafarma ha logrado abrir en promedio una  botica cada tres días; y de que existen en el país más de 10,000 boticas independientes que acaparan el 50% del mercado. Esta facilidad de acceso y la inexistencia de barreras que permiten abrir rápidamente una farmacia o botica en cualquier lugar del país, es la principal garantía para los consumidores de que la concentración de Mifarma e Inkafarma no puede de ninguna manera ser dañina para el mercado.

El día en que Mifarma e Inkafarma se vuelvan anticompetitivas o se olviden de sus políticas de precios, los clientes migraran inmediatamente a las boticas independientes, o a las nuevas cadenas que se creen para satisfacer la demanda insatisfecha. Pensar que Inkafarma y Mifarma gozan de un monopolio en el que podrán abusar de los consumidores, es negar la existencia del enorme y poderoso universo de boticas independientes que existe en el país.

Somos pocos los que creemos que el mercado es suficientemente sabio para auto regularse, y que no se necesitan normas que prohíban la concentración de industrias para cuidar la competencia. Es por ello que ante este tipo de noticias suenan gritos de horror entre quienes piensan que el mercado es torpe, y que hay que llenarlo de normas para cuidar que la competencia funcione.

Pero esas normas no son la solución, y el Perú lo puede demostrar. Somos uno de los pocos países que carecen de normas que restrinjan la concentración de los mercados, lo que nos pone a la vanguardia en este tipo de legislaciones. Tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo que la concentración de los mercados puede auto regularse, y que bastan las normas que sancionan el abuso de posiciones dominantes. Podemos ser un ejemplo de competencia sin restricciones a la concentración de los mercados, y que el universo entero ponga al Perú como ejemplo de que no se necesita sobre regular para que la competencia funcione correctamente.

No perdamos la oportunidad que tenemos de ser líderes vanguardistas. Si emitimos leyes que maten la sabiduría del mercado nos convertiremos en un país más del montón. Aprovechemos el momento y demostremos al mundo que la competencia funciona sin leyes que la restrinjan. Seamos el ejemplo del cambio, y no una oveja más del rebaño.

[1] Farmacia y botica es lo mismo. La ley sólo las distingue por quién es el dueño. Una farmacia debe pertenecer necesariamente a un químico farmacéutico. Una botica no necesariamente.

09/02/2021

¿Qué hacemos con los venezolanos?

La falta de acceso a permisos laborales para los venezolanos en el Perú, podría convertirse en una de las barreras burocráticas que más daños ha ocasionado al país en los últimos años. Le estamos dando la espalda a la realidad, y nos está costando caro.

En los últimos años, millones de personas han ingresado al Perú para escapar de la crisis humanitaria en su país, pero no han encontrado aquí el bienestar que anhelaban. Cada día hay más venezolanos mendigando en las calles o delinquiendo; aumentando la inseguridad ciudadana. ¿Qué alternativa le estamos dando a toda esa gente?

Tenemos un marco normativo que no se condice con la realidad. La gran mayoría de personas provenientes de Venezuela, se encuentran en condición de “ilegal”. Eso les impide trabajar, estudiar y atenderse en el sistema de salud. Al mismo tiempo, nuestras autoridades no están haciendo nada para expatriarlas, ni están en capacidad de hacerlo.

El resultado de esta situación, es que tenemos millones de personas que conviven entre nosotros; a las que les estamos negando todo. Les impedimos ganar dinero lícitamente, alimentar a sus hijos, educarlos o curarlos cuando se enferman. Las estamos dejando a su suerte en un ambiente hostil, en el que no tienen nada. ¿Qué esperamos que hagan todas esas personas, si seguimos dándoles la espalda? 

La solución a un problema empieza por reconocer su existencia. Ya sabemos que tenemos a millones de venezolanos viviendo en el Perú, y que no estamos en capacidad de expulsarlos aunque muchos quisieran hacerlo ¿Qué hacer entonces? ¿Les seguimos prohibiendo trabajar? ¿Cuál será la consecuencia de ello? ¿Qué harán si no les permitimos ganarse la vida lícitamente?

Debemos dejar que los venezolanos puedan incorporarse formalmente al mercado laboral peruano, al menos mientras permanezcan en el país. Podemos crear derechos laborales especiales para ellos si se quiere - estoy seguro que el Congreso encontrará un régimen ingenioso para hacerlo -; pero no podemos seguir forzándolos a robar ni a mendigar para sobrevivir. 

Debemos regularizar su situación migratoria y darles la posibilidad de insertarse con normalidad a nuestra sociedad. En tanto ello no ocurra, nuestras calles seguirán llenas de mendigos y ladrones; y no porque quieran serlo, sino porque los estamos forzando a hacerlo.

Es cierto que nos encontramos en cuarentena y en estos momentos muchos peruanos tampoco pueden trabajar. Pero ello no impide ir pensando soluciones para reinsertar a toda la población venezolana a la legalidad. La cuarentena no durará siempre, y es mejor prevenir que lamentar.

24/09/2020

¿Y el TUPA de las notarías?

Hace unos días acudí a una notaría cercana al lugar en donde vivo para legalizar mi firma en un contrato de alquiler. Me aseguré de llevar conmigo mi DNI vigente, y de no tener multas electorales pendientes de pago. Al llegar a ventanilla, expliqué a una amable señorita el motivo de mi visita. A cambio recibí una curiosa explicación.

“Necesita traer una copia literal del inmueble, con una antigüedad no mayor de 15 días, que acredite que el arrendador es propietario del departamento que desea alquilar.”

“¿Para qué?”, le pregunté.

“Para asegurarnos de que quien le alquila puede alquilarle”, me respondió.

“Muchas gracias – le dije – pero yo puedo cuidarme solito. Solo quiero legalizar mi firma, por favor”.

“Lo siento señor. Tiene que traer esos papeles para que podamos legalizar su firma.”

Tras fracasar en el intento de convencerla, me fui pensando en que tenía que haber otra notaría que se interesara menos en mi bienestar, y que estuviera dispuesta a legalizar mi firma sin tantos reparos. Dicho y hecho, a unas cuantas cuadras la encontré. Bastó mi DNI, mi huella digital y el pago de S/ 22.

De regreso a casa, me quedé pensando en el requerimiento de aquella amable señorita, y empecé a jalar un hilo de pensamientos que me llevaron a hacerme una pregunta que luego gatilló otras y luego otras: ¿Por qué las notarías no tienen un Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA que las regule? ¿Por qué no sujetan sus precios al costo de sus servicios? ¿Por qué no someten sus trámites a las normas que rigen los procedimientos administrativos?

Cuando uno revisa el artículo I de la Ley del Procedimiento Administrativo General - LPAG, encuentra que dicha ley es aplicable a todas las entidades del sector público, pero también a “Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”.

¿No son las notarías personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos y ejercen funciones administrativas por delegación del Estado? Para responder esta pregunta basta con recurrir a la Ley del Notariado, que en su artículo 1° reconoce que el "notariado de la República" debe cumplir con las funciones, atribuciones y obligaciones que le otorga la ley.

Al mismo tiempo, dicha ley autoriza a los notarios a dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran; a formalizar la voluntad de las personas que acuden ante él; a dar autenticidad a instrumentos privados y convertirlos en públicos; a comprobar hechos y a tramitar los asuntos no contenciosos que las leyes señalan.

Todo parece indicar, pues, que los notarios ejercen, por delegación del Estado, funciones  públicas que no pueden ser ejercidas por cualquier persona - sino solo en algunos casos, por jueces de paz. Siendo así, no hay motivos para que se exoneren del cumplimiento de las normas contenidas en la LPAG, al igual que se encuentran sometida a ella los colegios profesionales - por ejemplo.

Sin embargo, las notarías del país parecen estar actuando al margen de la ley. Si concluimos, como parece ser, que las notarías ejercen una función pública, entonces deben regirse por la LPAG. Deben tener un TUPA. Deben sujetar sus precios al costo de sus servicios. Y deben realizar sus trámites con las garantías para los usuarios de todo trámite administrativo.

¡Lindo caso para Adeb!

20/07/2020

Acciones de Prevención: Un rol que las Municipalidades deben incorporar como lección del Covid 19

En el artículo 4 de la ley orgánica de las municipalidades se indica: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.”

En línea con lo anterior, surge una gran inquietud y está en función al reinicio de actividades luego del aislamiento social obligatorio. Si la finalidad que tienen las municipalidades menciona aspectos relacionados con el desarrollo integral, tenemos que entender que no solo hay vecinos sino también empresas, negocios (mypes por ejemplo) y ciudadanos que interactúan en el distrito. 

¿Cuáles son las acciones de prevención que han realizado las municipalidades de cara a “contribuir” con el reinicio de operaciones de los vecinos en general en sus distritos? Si bien han generado “mercados al paso” para los ciudadanos, las empresas o negocios en su circunscripción son también “vecinos” y requieren por ello “apoyo” de su autoridad y no solo acciones “sancionadoras”.

Acciones de “concientización” y talleres virtuales enfocados en “asistir” para el desarrollo de protocolos e identificación de riesgos serían valiosos como etapa inicial y generaría un “acompañamiento” a los vecinos en general. Considero que esto generaría que puedan iniciar sus operaciones en función a las fases establecidas por el gobierno, al contar con mejor información.

Si las empresas, negocios han estado cerrados más de 3 meses y muchos de ellos o han iniciado operaciones o están por hacerlo, ¿cuál es rol real de fiscalización, cerrar el negocios o generar acciones de prevención?, considero que es lo segundo y para ello es importante que los gobiernos municipales inicien una campaña de “acompañamiento” a los vecinos en general, considerando como pilar clave a la PREVENCIÓN, y que la FISCALIZACIÓN termine siendo una acción más de aporte y reducción de brechas que de castigo o multa, lo que al final sigue impactando negativamente en el flujo y cadena de pago de nuestros empresarios, emprendedores y vecinos en general.

18/07/2020

Clausura temporal de establecimiento comercial: un largo camino por recorrer

El presente artículo analiza la situación posterior a la clausura de un establecimiento comercial, ordenada por la Administración Pública, y el procedimiento que los administrados deben seguir, a fin de poder abrir nuevamente y continuar con sus actividades comerciales.

Analizaremos como en esas situaciones existen incentivos que influyen en la toma de decisiones de las personas y de esa manera regulan su conducta, en ocasiones para obedecer las disposiciones administrativas normativas y en otras, para simplemente satisfacer sus necesidades. Veremos que el procedimiento posterior a la orden de clausura temporal, significa un largo y oscuro camino que el administrado sujeto a fiscalización se encuentra obligado a seguir, y que ello muchas veces constituye un incentivo perverso que motiva al administrado a no obedecer.

Asimismo, veremos que el factor de detección de las infracciones, es como un indicador de la deficiencia del Estado para identificar a los administrados infractores y exigirles cumplir con el correspondiente pago por las multas, lo cual a su vez, también crea incentivos que motivan a los administrados a desobedecer la orden de clausura.

Finalmente, proponemos como alternativa de solución, la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entendido como el derecho que tiene la autoridad, de comprobar la veracidad de los argumentos, documentos e información presentada por los administrados, en el marco de los procedimientos administrativos, lo cual constituye un mecanismo eficiente para la situación bajo análisis, puesto que de ser así, la lentitud con la que generalmente opera el Estado al momento de ejercer su facultad de fiscalización no perjudicará los derechos fundamentales de los administrados.

INTRODUCCIÓN:

A través de las normas administrativas se crear incentivos que regulan el comportamiento de los administrados, a veces de manera positiva y otras veces de manera negativa. Si un mandato contenido en alguna norma provoca un daño no previsto en perjuicio del administrado, generará la disyuntiva de obedecerla o de rechazarla. Bajo los dos escenarios el perjudicado debería ser siempre el administrado; puesto que de obedecerla se vería perjudicado con el daño no previsto, y de no obedecerla, la Administración Pública debería detectar dicho desacato y aplicar la respetiva sanción. Sin embargo, en algunos casos el factor de detección de una infracción, generará incentivos que motivarán al administrado a efectuar una determinada conducta infractora, la misma que podría quedar sin castigo.

En el ejercicio de las actividades de fiscalización que ejercen las Entidades Públicas, se encuentran facultadas para ordenar medidas cautelares y/o medidas de carácter provisional. Dentro de ella encontramos la orden de clausura temporal de establecimiento comercial, la cual es dictada en cualquier momento en el marco de una fiscalización, y tiene como objetivo asegurar la eficacia de la resolución final, siempre y cuando no cause un perjuicio de difícil o imposible reparación. Sin embargo, el problema principal de esta medida es que siempre causa un perjuicio de difícil reparación, y en algunos casos, el daño es irreversible.      

COCEPTOS PRELIMINARES

Las Decisiones:

04/07/2020

¿Cómo reducir la corrupción en las municipalidades?

Las clausuras de establecimientos comerciales se han convertido en un mecanismo muy común que fomenta la corrupción y la extorsión por parte de funcionarios públicos. Inspectores municipales utilizan indebidamente el poder que tienen para cerrar establecimientos, y obligan a las empresas a realizar pagos a cambio de reabrir prontamente sus locales y evitar mayores pérdidas de ventas y daños económicos.

EL PROBLEMA

Las normas que facultan a las municipalidades a clausurar establecimientos comerciales son demasiado amplias y discrecionales. Al mismo tiempo, las restricciones para aplicarlas resultan insuficientes para limitar los abusos de autoridad.

La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce en su artículo 49° que la autoridad municipal “…puede  ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.”

La misma ley, en su artículo 78°, establece que los municipios “…pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.”

Por su parte, el artículo 256° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que “La autoridad que tramita el procedimiento puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final..."

Si bien el mismo artículo establece que “Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto”; y que “No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos”; se trata de restricciones que suelen ser pasadas por alto en la mayoría de los casos.

LA SOLUCIÓN

La solución a un problema de normas genéricas que permiten amplios criterios de interpretación, pasa en primer lugar por acotarlas; y, en segundo lugar, por garantizar que su aplicación dependa de funcionarios que garanticen la objetividad de criterios y eviten la comisión de delitos.

Para ello se requieren las siguientes modificaciones a los artículos 49° y 78° de la Ley Orgánica de Municipalidades:

“ARTÍCULO 49.- CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN

La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios, únicamente en presencia de un fiscal de prevención del delito, cuando su funcionamiento está legalmente prohibido o cuando se encuentren infracciones insubsanables al momento de la inspección que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. En ningún caso proceden medidas de clausura por faltas administrativas o incumplimiento de procedimientos administrativos.”

“ARTÍCULO 78.- SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios en estricta observancia del artículo 49.”

Asimismo, se requiere introducir el siguiente numeral en el artículo 256° del TUO de la Ley N° 27444:

“256.9 Tratándose de medidas de clausura temporal de establecimientos, se requerirá necesariamente la presencia de un fiscal de prevención del delito; y sólo serán procedentes cuando se encuentren infracciones insubsanables al momento de la inspección que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. En ningún caso proceden medidas de clausura por faltas administrativas o incumplimiento de procedimientos administrativos."

CONCLUSIÓN

Si la corrupción encuentra espacio en normas que otorgan una amplia capacidad discrecional a los funcionarios municipales, es preciso acotarlas y someterlos al principio de legalidad. Urge implementar cambios normativos que restrinjan el poder de clausura a casos excepcionales, con la participación de fiscales que eviten la comisión de delitos.

03/07/2020

Retos para revertir el desprestigio empresarial

El 13 de marzo de 1964, una joven neoyorkina de 28 años, llamada Catherine Genovese, fue asesinada en el barrio de Queens; ante la presencia de 38 testigos que se abstuvieron de prestarle ayuda o llamar a la policía para evitar su muerte.

El crimen pudo pasar desapercibido – como uno más de los 630 asesinatos que ocurrieron ese año en Nueva York –, pero un artículo publicado en el New York Times evitó que cayera en el olvido y causó que se convirtiera en uno de los casos de comportamiento social más estudiados por la psicología.

La noticia daba cuenta que 38 personas observaron desde distintos lugares como Catherine era perseguida por un sujeto, y apuñalada mientras intentaba escapar. A pesar de sus gritos de auxilio, ninguno de los espectadores acudió en su ayuda, ni llamó a la policía.

Los testigos tuvieron diversas explicaciones del porqué omitieron socorrer a Catherine. Si bien algunos declararon no querer verse involucrados, la mayoría pensó que alguien más lo haría. No llamaron a la policía, porque habiendo tantas personas observando, ninguno supo a quien le correspondía hacerlo.

La opinión pública culpó del hecho a la indiferencia de la sociedad neoyorkina, a la falta de empatía y al desinterés por los demás. Tiempo después, la ciencia demostraría que la conducta omisiva de los 38 testigos aquella noche, fue producto de un comportamiento que resulta bastante típico en circunstancias en las que, habiendo muchos llamados a actuar, nadie lo hace porque se piensa que alguien más lo hará.

La inacción colectiva de un grupo de individuos gatilla un comportamiento al que se le conoce como “prueba social”; según el cual los seres humanos suelen observar la actuación del resto antes de decidir cómo actuar. Este comportamiento puede inducir a que, en determinadas circunstancias, en las que nadie actúa decididamente; el efecto se contagie y todos terminen siendo simples espectadores de sucesos extraordinarios, crisis o emergencias.

¿Cuántas veces hemos sido testigos de un accidente y no hemos llamado a emergencias porque hemos asumido que alguien más lo hará? Nos ha ocurrido a todos alguna vez. El no sentirnos responsables frente a una crisis, nos hace pensar que es otro quien debe reaccionar primero. El problema es que todos razonamos igual, y nadie se siente llamado tomar la iniciativa para actuar.

El empresariado peruano viene atravesando una grave crisis de desprestigio por parte de la población. El descontento social frente a las empresas se ha ido acrecentado con los años, y hoy pone en riesgo la continuidad de nuestro modelo económico. Aun así, son pocos quienes se sienten llamados a revertir esa visión generalizada en buena parte de nuestro país. Muchos piensan que alguien más lo hará, porque asumen que el responsable es otro, y esperan que ese otro actúe.

Las empresas están compuestas por personas que no son ajenas al principio de la “prueba social”. La atomización del empresariado y la falta de un liderazgo claro y legítimo en el sector privado, permite que las empresas se comporten cual individuos presenciando una muerte, omitiendo el deber de actuación que corresponde a todos ante una crisis.

La muerte de Catherine Genovese demuestra que es mejor tener 38 llamados de emergencia a no tener ninguno. Ojalá seamos capaces de aprender de ella, antes de que sea demasiado tarde. Todo empieza por generar consciencia.

01/07/2020

La formalización de la extorsión

La extorsión en nuestro país se ha formalizado. Se ha puesto un disfraz, con el que ha logrado pasar desapercibida. Se manifiesta a diario. Amenaza a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ocasiona daños inconmensurables a la economía, la formalidad y la seguridad jurídica.

Cada día, miles de inspectores municipales salen a las calles a fiscalizar locales comerciales. No hay inspección en la que no se encuentre alguna observación, alguna imperfección, algún error, alguna excusa para sancionar al infractor con todo el poder del Estado.

No está mal que los gobiernos locales fiscalicen. Lo que está mal es que todo el sistema legal que debe permitir a las empresas defenderse frente a errores, abusos de autoridad y excesos de poder; haya devenido en inservible frente a las medidas de clausura dictadas para forzar el pago de multas, a cambio de reabrir prontamente locales cerrados indebidamente.

“La pared está sucia, la luz no enciende, el caño está malogrado…”; son infracciones que hoy sirven para justificar la clausura de establecimientos, bajo el supuesto incumplimiento de normas de seguridad y sanidad municipales.

Infracciones irrisorias o inexistentes, facultan a funcionarios uniformados a ordenar la evacuación de clientes, el cierre de tiendas y el pegado de carteles de clausura en sus puertas; para luego enorgullecerse ante cámaras de televisión y posar para fotos que comparten en sus redes sociales; acusando a empresas formales de incumplir ordenanzas muchas veces contrarias a la ley, sin reparar en el daño reputacional que ocasionan a las marcas. 

Las medidas de clausura, que debieran ser excepcionales y aplicables únicamente cuando está en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas; se han convertido en una forma de extorsión que busca privar a empresas y emprendedores del derecho a defenderse frente al abuso.

¿Quieres reabrir un local injustamente cerrado? No apeles. No te defiendas. Acepta la infracción aunque no exista. Paga la multa por más abusiva que sea. Obedece sin cuestionar. Porque apelar o denunciar a los funcionarios responsables, solo alarga los procesos de reapertura y acrecienta los daños económicos de las empresas.

Al igual que la inseguridad ciudadana, la extorsión municipal es hoy un riesgo natural de los negocios. Si un delincuente te amenaza con un arma y te pide dinero, es mejor dárselo. De lo contrario, el daño puede ser mayor. Lo mismo ocurre ante una clausura ilegal.

El poder que tiene una municipalidad para hacer daño es tan grande, y el costo para defenderse con el local cerrado tan alto; que es mejor resignarse y ceder ante el abuso. Es lamentable. Es nuestra realidad. 

01/12/2019

Recomendaciones para reducir la corrupción

Señor Presidente:

En más de una ocasión he oído hablar de su deseo por acabar con la corrupción; pero no he oído hablar todavía de la forma en que lo logrará. Considerando que, de una u otra manera, todos somos parte en esta lucha; me permito hacerle llegar algunas recomendaciones sobre la base de mi experiencia como víctima y testigo de diversos actos de extorsión.

Debemos empezar por sincerar nuestro objetivo, porque es utópico. Acabar con la corrupción es como poner fin a la delincuencia o la deshonestidad. Podemos reducir el crimen y castigarlo cuando lo detectamos, pero debemos aceptar que convivimos con delincuentes, como en todas partes del mundo, y que acabar con el delito es un imposible que no se condice con la naturaleza ni la historia.

Aceptar esta realidad no significa en lo absoluto resignarse a ella. Por el contrario, nos permite ser conscientes de la dimensión de nuestro problema para resolverlo adecuadamente. Desde esta perspectiva, sabremos que no acabaremos con la corrupción, pero que podremos reducirla significativamente si logramos entender las dos situaciones en las que se genera. Primero, aquellas en que las personas o empresas ceden a actos de corrupción para acceder a lo que tienen derecho y que por ley les corresponde. Segundo, aquellas en que la corrupción sirve como un medio para acceder a lo que no se tiene derecho o que por ley está prohibido.

Esta última forma de corrupción es la más difícil de combatir porque se gesta en una premeditada clandestinidad, donde las personas confabulan dolosamente para defraudar al Estado, buscando obtener algo que no les corresponde. Esta corrupción se mantiene oculta entre malhechores que son parte de la sociedad, como los rateros, estafadores y violadores; a los que sólo podemos castigar cuando los encontramos delinquiendo, pero que nos atormentan siempre.

La primera forma de corrupción, en cambio, puede combatirse más fácilmente si logramos entender que su principal foco de desarrollo radica en la burocracia gubernamental y en el abuso de autoridad. Cada trámite burocrático que realiza una persona ante una entidad del Estado es un ambiente propicio para la corrupción. Cada acto abusivo de poder es un mecanismo de extorsión para los funcionarios corruptos. Si coincidimos en esto nos será más fácil comprender las siguientes recomendaciones:

1.- Debemos fortalecer el equipo de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi, con la finalidad de reducir al mínimo sus tiempos de respuesta. Si una empresa enfrenta una exigencia ilegal y decide denunciarla, podría demorar hasta dos años en obtener una resolución firme. En todo ese tiempo la empresa podría encontrarse expuesta a múltiples riesgos de corrupción a cambio de evitar la burocracia estatal. Si el Indecopi pudiera coadyuvar a que las empresas sorteen en cuestión de días las barreras burocráticas ilegales e irracionales que enfrentan, esta forma de corrupción desaparecería.

2.- Debemos fortalecer a los equipos de fiscales de prevención del delito y asignarles funciones específicas, de manera que puedan acudir de manera inmediata y dar una opinión previa cuando se presenta un acto de abuso de autoridad. Si un inspector municipal clausura un local comercial ilegalmente y no existe un fiscal que presencie el hecho y deje constancia de su postura frente al abuso; las empresas se verán expuestas a todo tipo de requerimientos ilícitos para levantar la medida de clausura, mientras sufren cuantiosos daños económicos.

En la actualidad, Indecopi cuenta con menos de treinta personas dedicadas a eliminar barreras burocráticas; y pensar en sacar a un fiscal de prevención del delito de su despacho no es más que un sueño. Con estas dos recomendaciones de fortalecimiento institucional, las personas tendrían a quien recurrir cuando se vean expuestas a riesgos de corrupción para evitar que ésta se produzca. No acabaremos con la corrupción, pero la reduciremos enormemente.

01/11/2019

De vuelta a la burocrática realidad

Tras unos días fuera del Perú, alejado de la burocracia que nos agobia diariamente; regresé al país para enfrentar una realidad perturbadora. Todos los esfuerzos que realizamos para volvernos más competitivos, son insuficientes cuando nos encontramos frente a funcionarios públicos que tienen el poder de hacer prevalecer la ilegalidad y la irracionalidad, por encima de los derechos de las empresas y ciudadanos.

El 17 de febrero, la Municipalidad de Magdalena del Mar publicó una ordenanza ordenando multar y clausurar a los establecimientos comerciales que no instalen en su interior cámaras de video vigilancia con una capacidad de grabación no menor de treinta días; obligando a las empresas a incurrir en gastos de manera ilegal.

El 19 de febrero, el alcalde de La Molina amenazó a todos sus vecinos con prohibir la construcción de más viviendas por ocho o nueve años, mientras encuentra la manera de solucionar el problema del tránsito; reconociendo públicamente que dicha prohibición paralizaría inmediatamente inversiones por más de S/ 30 millones en proyectos pre aprobados.

El 25 de febrero, la Municipalidad del Callao clausuró temporalmente el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por omitir colocar en su interior unos carteles indicando que en sus instalaciones está prohibido discriminar. No le importó en lo absoluto paralizar el tránsito aéreo desde y hacia del Perú, por una supuesta infracción a una exigencia que, por si fuera poco, es ilegal e irracional.

El 28 de febrero, la Municipalidad de Jesús María prohibió en su distrito la circulación de moto taxis, sin importarle que en otros distritos de la capital el tránsito en dichos vehículos fuera fluido. Esta restricción, de finalidad hasta ahora incierta, se suma a la amenaza de prohibir el tránsito de dos personas en motocicletas lineales, bajo el argumento de reducir la delincuencia; a pesar de que no existe sustento técnico alguno que lo respalde.

Estos lamentables acontecimientos ponen en evidencia algo que ya todos sabemos. La burocracia es un monstruo vivo, que se alimenta diariamente de nosotros. Crece y se fortalece con cada barrera que nos impide actuar de manera legal, simple y rápida. No es un problema estático para el que sirva una solución única. Es una suma de abusos y errores que es necesario enfrentar uno a uno para corregirlos.

Las personas y empresas necesitamos que el INDECOPI y los fiscales de prevención del delito puedan actuar con mucha mayor celeridad para evitar el ejercicio abusivo del poder por parte de funcionarios públicos. Mientras el gobierno no entienda esto, y no nos proporcione las armas legales adecuadas para enfrentarnos a la burocracia, el camino para alcanzar la ansiada competitividad será cada vez más largo.