<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TQT3FTV&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

18/07/2020

¿Quién debe pechar a las municipalidades?

Ojalá el Contralor General de la República despertara una mañana y viera el poder que tiene para acelerar la economía y mejorar la competitividad del país.

Autor: Jorge Lazarte

El ejercicio ilegítimo del poder municipal se ha salido de control. Los actos de abuso de autoridad y la persecución a empresas formales, abundan y atentan contra la continuidad de los negocios.

 

La imputación de infracciones superfluas, la imposición de multas exorbitantes y la clausura temporal de establecimientos; son hechos ilegales que se repiten diariamente, y que no encuentran un freno legal que los detenga.

 

Las empresas se encuentran en un estado de indefensión frente al poder municipal, que las induce a ceder a actos corrupción, con el propósito de salvaguardar sus negocios frente a la extorsión de funcionarios municipales.

 

De nada sirven apelaciones, denuncias penales o acciones de amparo; que tardan meses en resolverse, mientras la clausura de un local comercial amenaza con quebrar una empresa. Nuestro sistema de justicia no está preparado para enfrentar estos abusos de poder.

 

No obstante, hay un actor que está pasando desapercibido dentro de esta crisis de control. Los artículos 82° y 199° de nuestra Constitución encargan a la Contraloría General de la República la función de controlar la legalidad de los actos de las municipalidades. ¿Lo está haciendo?

 

Ante la indefensión que sufren las empresas frente a los actos de extorsión municipal, el Contralor General de la República está llamado a crear un sistema de control que permita responder, sin dilación, frente denuncias de extorsión y abusos de poder municipal por parte de las empresas.

 

El control de legalidad de los actos municipales no es sólo una cuestión de presupuestos. La Contraloría podría jugar un papel preponderante en la desburocratización del país y la continuidad de los negocios, que se ven detenidos indefinidamente por actos arbitrarios de las municipalidades.

 

En el libro “Sobreviviendo a la burocracia” se propuso darle a la Contraloría el poder para eliminar las barreras burocráticas del Estado. Como organismo constitucionalmente autónomo, encargado de controlar la legalidad de los actos de las entidades públicas, es el llamado a hacerlo, sin verse sometido a presión política del gobierno central.

 

Ojalá el Contralor General de la República despertara una mañana y viera el poder que tiene para acelerar la economía y mejorar la competitividad del país. No necesita ejecutar obras ni administrar una cartera para hacerlo. Basta con remover los actos ilegales de las municipalidades, que impiden a las empresas desarrollarse en el mercado con normalidad.

Fuente: