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14/06/2020

Farmacias independientes se unen contra el abuso de autoridad de las municipalidades

Más de 180 farmacias formales se han unido para denunciar abusos de autoridad de diversas municipalidades a través de ADEB

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La inmovilización social decretada por el gobierno ha traído consigo el ejercicio abusivo del poder de muchas autoridades.

 

Se ha vuelto una práctica común que tras cada fiscalización municipal, se clausuren farmacias formales por infracciones a normas que no deberían existir, por ser ilegales e irracionales.

 

Estas clausuras buscan forzar el pago de multas como condición para reabrir las farmacias, privando a los operadores formales del derecho a defenderse, por los daños que genera mantener sus locales cerrados durante su defensa; dando lugar a mucha corrupción y extorsión.

 

Con el apoyo de ADEB, 187 farmacias independientes se han unido, por primera vez en la historia del Perú, para denunciar a 15 municipalidades que les imponen exigencias ilegales para funcionar, encareciendo sus costos de operación y, por tanto, el precio de los medicamentos.[1]

 

Esta primera denuncia, que será el punto de partida para una larga lucha de las farmacias formales contra los abusos de autoridad, cuestiona que diversas municipalidades las obliguen a contratar el doble del personal con el que cuentan – duplicando el costo de sus planillas – para tomar la temperatura y dispensar alcohol en gel a  sus visitantes.

 

Emiliano Irribaren, representante de Boticas Perú y otras farmacias independientes y formales, indica que "las municipalidades desconocen los costos que significa contratar a personal dedicado a funciones tan específicas, y que abusan de su autoridad al multarlas y clausurarlas por incumplir normas, pese a ser ilegales."

 

Por su parte, Ana María Jimenez, Presidente de la Asociación Peruana de Farmacias - ASPEFAR, señala que "resulta imposible cumplir con dichas exigencias y sobrevivir en un mercado tan competitivo". Agrega que "las normas del Ministerio de Salud no exigen implementar las costosas medidas que requieren las municipalidades usualmente."

 

Es la primera vez en la historia que INDECOPI recibe una denuncia de barreras burocráticas interpuesta por más de 180  denunciantes, que consideran vulnerados sus derechos por parte del Estado; marcándose un lamentable record nacional.

 

Si quieres ver la denuncia, ingresa aquí.

 


[1] Municipalidades denunciadas: Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, Pueblo Libre, Jesús María, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Tacna, Pozuzo, Barranca, Viru, Huancane, Santa Rosa.

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