De vuelta a la burocrática realidad

 

Tras unos días fuera del Perú, alejado de la burocracia que nos agobia diariamente; regresé al país para enfrentar una realidad perturbadora. Todos los esfuerzos que realizamos para volvernos más competitivos, son insuficientes cuando nos encontramos frente a funcionarios públicos que tienen el poder de hacer prevalecer la ilegalidad y la irracionalidad, por encima de los derechos de las empresas y ciudadanos.

 

El 17 de febrero, la Municipalidad de Magdalena del Mar publicó una ordenanza ordenando multar y clausurar a los establecimientos comerciales que no instalen en su interior cámaras de video vigilancia con una capacidad de grabación no menor de treinta días; obligando a las empresas a incurrir en gastos de manera ilegal.

 

El 19 de febrero, el alcalde de La Molina amenazó a todos sus vecinos con prohibir la construcción de más viviendas por ocho o nueve años, mientras encuentra la manera de solucionar el problema del tránsito; reconociendo públicamente que dicha prohibición paralizaría inmediatamente inversiones por más de S/ 30 millones en proyectos pre aprobados.

 

El 25 de febrero, la Municipalidad del Callao clausuró temporalmente el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por omitir colocar en su interior unos carteles indicando que en sus instalaciones está prohibido discriminar. No le importó en lo absoluto paralizar el tránsito aéreo desde y hacia del Perú, por una supuesta infracción a una exigencia que, por si fuera poco, es ilegal e irracional.

 

El 28 de febrero, la Municipalidad de Jesús María prohibió en su distrito la circulación de moto taxis, sin importarle que en otros distritos de la capital el tránsito en dichos vehículos fuera fluido. Esta restricción, de finalidad hasta ahora incierta, se suma a la amenaza de prohibir el tránsito de dos personas en motocicletas lineales, bajo el argumento de reducir la delincuencia; a pesar de que no existe sustento técnico alguno que lo respalde.

 

Estos lamentables acontecimientos ponen en evidencia algo que ya todos sabemos. La burocracia es un monstruo vivo, que se alimenta diariamente de nosotros. Crece y se fortalece con cada barrera que nos impide actuar de manera legal, simple y rápida. No es un problema estático para el que sirva una solución única. Es una suma de abusos y errores que es necesario enfrentar uno a uno para corregirlos.

 

Las personas y empresas necesitamos que el INDECOPI y los fiscales de prevención del delito puedan actuar con mucha mayor celeridad para evitar el ejercicio abusivo del poder por parte de funcionarios públicos. Mientras el gobierno no entienda esto, y no nos proporcione las armas legales adecuadas para enfrentarnos a la burocracia, el camino para alcanzar la ansiada competitividad será cada vez más largo.