Las denuncias pueden ser de dos tipos: de parte o informativas. Ambas se presentan ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
Las denuncias de parte tienen tres etapas o instancias.
Primera instancia
Es conocida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para las denuncias presentadas en Lima, o que tienen alcance nacional o en más de una región; o por las Oficinas Regionales del INDECOPI – ORI, cuando se trata de barreras de alcance regional. Esta etapa comienza con una denuncia y termina con una resolución que, en la práctica, suele tardar de tres a seis meses en emitirse.
Segunda instancia
Es conocida por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal del INDECOPI. Esta etapa inicia con una apelación interpuesta, ya sea por la parte denunciante o la entidad denunciada, y en la práctica suele tardar entre seis y doce meses en emitirse. Generalmente, los efectos de la resolución de primera instancia se suspenden en tanto no se emita una resolución de segunda instancia.
Poder judicial
Si bien no se trata de una instancia adicional, es usual que las entidades del Estado impugnen ante el Poder Judicial las resoluciones mediante las cuales se declaran barreras burocráticas ilegales o irracionales. Si bien estos procesos suelen ser bastante largos, pudiendo llegar a durar más de tres años, su inicio no suspende los efectos de la resolución de segunda instancia.
Para presentar una denuncia de parte basta con presentar un escrito ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; basta cumplir con los siguientes requisitos:
01 Presentar un escrito en original y en tantas copias como entidades denunciadas hayan. |
02 El escrito deberá cumplir con indicar: I. La barrera burocrática denunciada. ii. La norma o acto administrativo que la contiene. iii.El análisis de legalidad conforme al artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1256 (i.e. las normas legales que contraviene). iv. El análisis de razonabilidad conforme al artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1256 (i.e. las razones de su arbitrariedad o desproporcionalidad). |
En caso la barrera burocrática denunciada sea declarada ilegal o irracional por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, y confirmada como tal en segunda instancia; es posible solicitar a la entidad denunciada el reintegro de los costos incurridos por el denunciante, equivalentes a la sumatoria del importe de la tasa administrativa y los honorarios efectivamente pagados a los abogados por concepto de la defensa del caso.
Desde ADEB buscamos permanentemente identificar nuevas barreras burocráticas y denunciarlas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Conoce aquí las denuncias informativas presentadas por nuestra asociación:
En abril de 2018 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, por exigir Estudios de Impacto Vial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, que legalmente no lo requieren. Esta denuncia fue declarada fundada mediante Resolución N° 017-2019-CEB/INDECOPI.
En abril de 2018 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, por impedir que los trabajadores part time laboren más de 4 horas diarias, a pesar de laborar menos de 24 horas a la semana. Tras esta denuncia, el MTPE emitió un informe precisando que no existe restricción para que un trabajador a tiempo parcial labore más de 4 horas al día.
En abril de 2018 presentamos una denuncia contra la Municipalidad de Santiago de Surco, por suspender la recepción de solicitudes de aprobación de proyectos y licencias de edificación en las urbanizaciones Golf Los Incas y los Cerros de Camacho. Esta denuncia fue declarada fundada mediante Resolución N° 549-2018-CEB/INDECOPI.
En junio de 2018 presentamos una denuncia contra la Municipalidad de Magdalena del Mar, por prohibir el uso de sorbetes de plástico en todo el distrito, sin contar con facultades legales para ello. La denuncia fue declarada fundada mediante Resolución N° 058-2019/CEB-INDECOPI.
En junio de 2018 presentamos una denuncia contra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por exigir trámites y tasas ilegales para actualizar sus registros como consecuencia de cambios de denominación social, fusiones o escisiones. A raíz de esta denuncia, INDECOPI suspendió los cobros por dichas actualizaciones y modificó posteriormente su TUPA.
En junio de 2018 presentamos una denuncia informativa contra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, por cobrar derechos desproporcionados por los trámites de inscripción y búsquedas en registros públicos, que no corresponden al costo real del servicio y que generan excedentes presupuestales a la entidad. El INDECOPI optó por no tramitar de oficio esta denuncia debido a la existencia de un antiguo precedente del poder judicial.
En julio de 2018 presentamos una serie de denuncias contra diversas municipalidades distritales, por exigir el embanderamiento general de sus distritos bajo amenaza de multar a los infractores. INDECOPI optó por no tramitar la denuncia de oficio al considerar que no se trata de una barrera burocrática que obstaculizara la permanencia en el mercado.
En julio de 2018 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, ante la posible publicación de un Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, mediante el cual se pretendía prohibir el alojamiento temporal de personas en viviendas particulares. La denuncia que fue puesta en conocimiento del MINCETUR desmotivó la publicación de la norma.
En julio de 2018 presentamos una denuncia informativa contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la imposición de Zonas Reservadas en la vía pública para que puedan ser usadas como estacionamientos privados de manera exclusiva por algunos particulares, impidiendo su uso al resto de la población de manera ilegal. INDECOPI optó por no tramitar la denuncia de oficio al considerar que no se trata de una barrera burocrática que obstaculizara la permanencia en el mercado.
En agosto de 2018 presentamos una denuncia contra el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, por exigir listas de embarque (packing lists) y actas de supervisión de embarque; para obtener el Certificado Oficial Sanitario para exportar productos pesqueros y acuícolas. La denuncia aún se encuentra en evaluación.
En octubre de 2018 presentamos una denuncia contra la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA por exigir trámites y cobros para actualizar de los registros de los signos distintivos tras fusiones o cambios de denominación social. La denuncia permanece en evaluación por la Comisión.
En octubre de 2018 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Salud - MINSA por exigir certificaciones de salud a los trabajadores que manipulan alimentos. La denuncia permanece en evaluación por la Comisión.
En octubre de 2018 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE por imponer el reconocimiento del carácter remunerativo de la asignación familiar. La denuncia fue declarada improcedente por INDECOPI.
En diciembre de 2018, presentamos una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por exigir autorizaciones para la publicación de anuncios de publicidad al interior de centros comerciales. La denuncia fue declarada fundada mediante Resolución N° 397-2019/CEB-INDECOPI
En enero de 2019 presentamos una denuncia contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI por exigir veintiocho (28) requisitos ilegales y/o irracionales contenidos en su TUPA. La denuncia sirvió para promover la modificación y actualización del TUPA por parte del INDECOPI.
En enero de 2019, presentamos una denuncia contra la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público por impedir el uso de shorts y faldas para realizar trámites en las dependencias del Ministerio Público. La denuncia motivó que la Fiscalía de la Nación elimine la restricción de sus sedes.
En enero de 2019 presentamos una denuncia contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria -SUNAT por imponer ocho (08) requisitos ilegales y/o irracionales para la inscripción en el RUC. La denuncia permanece en evaluación por la Comisión.
En febrero de 2019 presentamos una denuncia contra la Dirección de Capitanías y Guardacostas por exigir la realización de trámites contenidos en el TUPA de la entidad. La denuncia permanece en evaluación por INDECOPI.
En marzo de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Provincial del Callao por exigir la colocación de anuncios contra la discriminación en los establecimientos comerciales y/o de servicio abierto al público; que motivó el cierre del aeropuerto internacional Jorge Chávez. INDECOPI optó por no tramitar la denuncia de oficio al considerar que no se trata de una barrera burocrática que obstaculizara la permanencia en el mercado.
En marzo de 2019 presentamos una denuncia contra veintiún (21) municipalidades distritales de Lima por exigir la colocación de anuncios contra la discriminación en los establecimientos comerciales y/o de servicio abierto al público. INDECOPI optó por no tramitar la denuncia de oficio al considerar que no se trata de una barrera burocrática que obstaculizara la permanencia en el mercado.
En marzo de 2019 presentamos una denuncia contra veinticinco (25) municipalidades distritales de Lima por exigir la colocación de anuncios contra el acoso sexual en los establecimientos comerciales y/o de servicio abierto al público. INDECOPI optó por no tramitar la denuncia de oficio al considerar que no se trata de una barrera burocrática que obstaculizara la permanencia en el mercado.
En marzo de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Lince por limitar la venta de bebidas alcohólicas en diversos tipos de locales. La denuncia permanece en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Salud por exigir registros sanitarios a productos alimenticios, a pesar que la Ley General de Salud derogó la posibilidad de realizar dicha exigencia. La denuncia permanece en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores por limitar el uso del plástico en el distrito. La Municipalidad derogó su ordenanza tras el requerimiento de INDECOPI.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra de la Municipalidad Distrital de Lince por imponer un restricciones horarias al funcionamiento de establecimientos comerciales y/o de servicios abiertos al público. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra de la Municipalidad Distrital de La Molina por imponer la obligación de registrar a los conductores de vehículos motorizados y no motorizados que realicen Delivery en el distrito. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco por la imposición de un plazo de vigencia de un año para las licencias de funcionamiento de módulos de venta en áreas comunes de establecimientos comerciales. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores por la exigencia de presentar una solicitud de uso de parques o espacios públicos para realizar picnics en el distrito. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos por limitar irrazonablemente el rango horario para la venta de alcohol. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL por la imposición de requisitos para ser vocal titular o alterno del Tribunal de Fiscalización Laboral. La denuncia fue desestimada por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra el Ministerio del Interior - MININTER por la imposición del cobro de tasas administrativas por la presentación de denuncias. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En abril de 2019 presentamos una denuncia contra el Poder Judicial por imponer el cobro de tasas administrativas por el desarchivamiento de expedientes. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En junio de 2019 presentamos una denuncia contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE por la imposición de requisitos y prohibiciones para ejercer la función de arbitral como miembro del Tribunal Arbitral de la entidad. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En julio de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos por obligar a los establecimientos comerciales y/o de servicios abiertos al público a contar con sistemas de video vigilancia de características no exigidas por la ley. La denuncia fue declarada fundada por Resolución N° 0548-2019/INDECOPI-CEB.
En julio de 2019 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Energía y Minas - MINEM por la exigencia a los productores e importadores de equipos y aparatos energéticos que cuenten con el Etiquetado de Eficiencia Energética y su respectivo Certificado. La denuncia fue declarada improcedente y la apelación está en evaluación por la Sala.
En julio de 2019 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Salud - MINSA y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA por exigir que se tramite y renueve el registro sanitario de productos alimenticios. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En julio de 2019 presentamos una denuncia contra el Gobierno Regional de Ica por imponer que los profesionales sean colegiados para laborar en la región. La denuncia está en evaluación en primera instancia.
En agosto de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por obligar a los establecimientos comerciales y/o de servicios abiertos al público a contar con sistemas de video vigilancia. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En setiembre de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por establecer restricciones al tránsito, carga y descarga de vehículos pesados. La denuncia está en evaluación en primera instancia.
En setiembre de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por establecer restricciones al tránsito, carga y descarga de vehículos pesados. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En setiembre de 2019 presentamos una denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC por exigir que las casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones se inscriban en un registro y remitan información de ventas mensuales. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En octubre de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Provincial de Piura por exigir que se cuente con un informe de evaluación de riesgos para la obtención del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, como requisito para obtener una licencia de funcionamiento a locales del giro de hoteles. La denuncia está en evaluación en primera instancia.
En diciembre de 2019 presentamos una denuncia contra la Municipalidad Provincial del Callao por obligar a los locales ubicados en centros comerciales a contar con una licencia corporativa e individual, estableciendo una vigencia determinada para la última. La denuncia está en evaluación por la Comisión.
En enero de 2020, presentamos una denuncia ante Indecopi, contra el propio Indecopi, por impedirnos presentar denuncias de barreras burocráticas a nombre propio; contra normas que ilegales que entorpecen el ambiente de negocios.
En junio de 2020, interpusimos una denuncia en representación de 180 farmacias contra 15 municipalidades que venían exigiendo ilegalmente la contratación de personal para dispensar alcohol en gel y tomar la temperatura en la puerta de sus locales.
En setiembre de 2020, denunciamos al Gobierno Regional de Puno y al Ministerio de Educación por desconocer los efectos del silencio administrativo positivo obtenido en los procedimientos de obtención de autorizaciones de funcionamiento de instituciones educativas privadas.